María Jesús Montero lleva más de un año incumpliendo la obligación de trasponer la Directiva 2020/285 de la Unión Europea. La norma obliga a España a crear el marco jurídico para que los autónomos con menos de 85.000 euros de facturación puedan eximirse del cobro del IVA. Es el llamado régimen de "IVA franquiciado". Ese bloqueo legislativo cuesta 200 millones de euros al año a los pequeños autónomos. La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La multa podría rondar los 30 millones más una penalización diaria de 50.000 a 100.000 euros. La pregunta es inevitable: ¿cuánto cuesta más incumplir que aplicar la ley?
Hay normas que se cumplen. Y hay normas que se ignoran. Cuando una vicepresidenta del Gobierno decide no trasponer una directiva europea que beneficia a 1,4 millones de autónomos, no es solo omisión. Es una decisión. Y las decisiones, cuando hay dinero de por medio, siempre tienen destinatario.
Los hechos: qué dice la directiva, qué incumple España
María Jesús Montero lleva más de un año incumpliendo la obligación de trasponer la Directiva 2020/285, que obliga a España a crear el marco jurídico para que los autónomos con menos de 85.000 euros de facturación puedan eximirse del cobro del IVA.
Es el llamado régimen de "IVA franquiciado". Ese bloqueo legislativo tiene tres precios.
Uno, para el colectivo de pequeños autónomos, que tributan unos 200 millones de más al año en este concepto, que Hacienda ingresa de más.
El dato sale de los cálculos comparados con otros países de la UE que sí han aplicado el régimen. Según sus tablas, el IVA franquiciado les cuesta entre el 0,1% y el 0,3% de los ingresos por IVA al año.
En España, Hacienda recaudó unos 90.000 millones por este impuesto en 2024, el último con datos consolidados.
La multa: 30 millones más penalización diaria
Pero esta decisión también tendrá un precio para Montero. La vicepresidenta primera se presenta como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, previstas para el próximo 31 de mayo.
Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con mayor número de pequeños autónomos. Frenar una exención fiscal para los emprendedores más vulnerables no es un buen argumento electoral.
La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que imponga sanciones financieras a España.
La multa, si el incumplimiento persiste hasta la sentencia, podría rondar los 30 millones de euros en suma a tanto alzado, más una penalización diaria de entre 50.000 y 100.000 euros mientras dure el incumplimiento.
Es una estimación razonada: entre las 10 mayores multas de la historia del TJUE por este tipo de incumplimientos, sólo hay un precedente reciente de multa mayor en un caso de no trasposición de una directiva.
Se trata de una sanción de 34 millones impuesta a Alemania por la Directiva de protección a denunciantes en 2025.
El historial de España: 15 millones en 2021 por otro incumplimiento
El historial de España ante la justicia europea no invita al optimismo. España es el Estado miembro de la UE con mayor número de procedimientos de infracción abiertos y uno de los más multados de los Veintisiete.
En 2021, el TJUE ya condenó a España a pagar 15 millones de euros de suma a tanto alzado y 89.000 euros diarios por no haber traspuesto la Directiva de protección de datos en el ámbito penal.
Aquel caso, como este, arrancó con un retraso en la notificación de medidas de trasposición. La diferencia es que entonces el incumplimiento no fue declarado como intencional.
En este caso, el Gobierno ha comunicado formalmente a Bruselas que no tiene intención de aplicar la exención. Es una posición que convierte el incumplimiento en deliberado y que ha acelerado el proceso judicial.
La denuncia de la Comisión: 11 de marzo de 2026
La Comisión Europea presentó formalmente la denuncia contra España el pasado 11 de marzo de 2026.
En el paquete de infracciones de ese mes, el Ejecutivo comunitario señalaba a España como el único Estado miembro que sigue sin transponer las dos directivas de IVA afectadas.
La denuncia incluye, junto a la franquicia para autónomos, la Directiva 2022/542, sobre Tributación de Servicios Digitales y el régimen del IVA para bienes de segunda mano, obras de arte y antigüedades.
Desde Hacienda se ha esgrimido que la exención del IVA para pequeños autónomos "es opcional" para cada Estado miembro.
Y aunque esto es cierto, Bruselas ha respondido con precisión que España sigue estando obligada a trasponer el marco legal.
Sin esa trasposición, un autónomo español que trabaje en Francia o en Italia no puede registrarse para acogerse allí a la franquicia.
El perjuicio no es sólo doméstico: afecta a la libertad de establecimiento en el mercado único europeo.
ATA denuncia: "Los autónomos españoles son los únicos en la UE"
La principal organización de autónomos de España, ATA, había interpuesto en diciembre de 2025 una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno español.
Su presidente, Lorenzo Amor, lo resumió con dureza: "Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros".
La denuncia de ATA aceleró la presión sobre Bruselas y contribuyó al expediente que hoy instruye el TJUE.
El calendario del incumplimiento
Preguntas que vale la pena hacerse
¿Por qué un Gobierno que dice proteger a los autónomos decide no aplicar una exención fiscal que beneficia a 1,4 millones de trabajadores? ¿Es realmente "afán recaudatorio" o hay otra explicación?
También cabe preguntarse: ¿cuánto cuesta más pagar 30 millones de multa más 50.000-100.000 euros diarios que aplicar la exención de 200 millones anuales? ¿Tiene sentido económico mantener el incumplimiento?
Y sobre todo: ¿qué autonomía tiene María Jesús Montero como vicepresidenta para decidir no trasponer una directiva europea? ¿O es una decisión coordinada desde Moncloa?
Contexto para entender el momento
La Directiva 2020/285 fue aprobada por el Consejo de la UE en febrero de 2020. Su objetivo era "modernizar el régimen del IVA para pequeñas empresas" en todo el mercado único.
Los 27 países miembros debían haberla traspuesto antes del 31 de diciembre de 2024. Veintiséis lo hicieron. España no.
El procedimiento ante el TJUE sigue ahora su curso. Una sentencia en casos de este tipo tarda habitualmente entre año y medio y dos años desde la remisión.
Esto situaría un fallo previsible en 2027 o 2028. Para entonces, Montero ya habrá pasado por las elecciones andaluzas de mayo de 2026.
El PP ha convertido este incumplimiento en bandera electoral. Feijóo promete aplicar la directiva si llega a Moncloa.
Reflexión final
200 millones al año de autónomos. 30 millones de multa europea. 1,4 millones de trabajadores afectados. Cuando incumplir sale más caro que cumplir, la pregunta no es por qué. Es para qué sirve realmente esa recaudación extra. Los autónomos pagan. Europa multa. Y el Gobierno... cobra.
Datos clave
- Directiva: 2020/285 de la Unión Europea; aprobada 18 de febrero de 2020.
- Plazo trasposición: 31 de diciembre de 2024 para los 27 Estados miembros.
- Incumplimiento: España es el único país que no ha traspuesto la directiva.
- IVA franquiciado: Exención para autónomos con menos de 85.000 euros de facturación anual.
- Coste para autónomos: 200 millones de euros al año en IVA no exento.
- Recaudación IVA 2024: 90.000 millones de euros en España (Hacienda).
- Denuncia Comisión: 11 de marzo de 2026 ante el Tribunal de Justicia de la UE.
- Multa estimada: 20-30 millones de euros suma a tanto alzado.
- Penalización diaria: 50.000-100.000 euros mientras dure el incumplimiento.
- Precedente España: 15 millones + 89.000 euros/día (2021, protección de datos penal).
- Precedente Alemania: 34 millones (2025, Directiva de protección a denunciantes).
- Precedente Hungría: 200 millones + 1 millón/día (2024, caso atípico político).
- Autónomos afectados: 1,4 millones según PP; alrededor de la mitad del total en España.
- Denunciante: ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos); diciembre 2025.
- Presidente ATA: Lorenzo Amor; "Los autónomos españoles son los únicos en la UE que no se pueden acoger".
- Posición Gobierno: Comunica formalmente a Bruselas que "no tiene intención de aplicar la exención".
- Argumento Hacienda: La exención del IVA para pequeños autónomos "es opcional" para cada Estado miembro.
- Respuesta Bruselas: España está obligada a trasponer el marco legal aunque la exención sea opcional.
- Elecciones Andalucía: 31 de mayo de 2026; Montero candidata del PSOE.
- Promesa PP: Feijóo promete "IVA cero para autónomos que facturen menos de 85.000 euros" (octubre 2025).
- Sentencia prevista: 2027-2028 según plazos habituales del TJUE.
- Directiva adicional: 2022/542 sobre Tributación de Servicios Digitales también sin traspasar.
Fuentes: El Español, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ATA, Ministerio de Hacienda, PP
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