El tribunal invalida la regulación por haberse tramitado por la vía de urgencia sin una justificación clara, obligando al Ejecutivo a reiniciar el proceso legislativo
Un defecto de forma ha dejado sin efecto la normativa estatal que buscaba endurecer los requisitos de calidad para la creación y funcionamiento de los centros de enseñanza superior. El Tribunal Supremo ha dictaminado que el procedimiento de urgencia utilizado para su aprobación carecía de motivación, lo que obliga a redefinir temporalmente el marco de control para las universidades privadas.
El defecto de forma detectado por la justicia
La decisión del alto tribunal se centra en el procedimiento legislativo empleado por la administración. Los magistrados sostienen que el Ejecutivo no justificó de manera adecuada la necesidad de aprobar esta reforma de forma acelerada, saltándose los cauces ordinarios de consulta y debate.
Esta falta de argumentación para el uso de la vía de urgencia invalida el texto por completo. Mientras el Gobierno defendía que la rápida expansión de ciertos centros exigía una respuesta inmediata para salvaguardar la calidad del sistema, diversos colectivos del sector privado recurrieron la norma al considerar que se limitaba su derecho a participar en la elaboración de la ley de forma ordinaria.
Los requisitos de calidad que quedan paralizados
La regulación que ahora queda sin efecto obligaba a todas las instituciones de educación superior a cumplir con unos mínimos estrictos para poder operar en España. Entre estas medidas, se exigía que al menos el 5% del presupuesto se destinara a programas de investigación y que se ofreciera un catálogo mínimo de títulos de grado, posgrado y doctorado.
Con este fallo judicial, el marco regulatorio vuelve temporalmente a la situación previa. Esto da un margen de tiempo a aquellos centros que tenían dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias de infraestructuras, laboratorios y porcentaje de personal docente con título de doctor.
La respuesta de la administración
Tras conocerse el fallo judicial, el Ministerio de Ciencia, Innovation y Universidades ha reaccionado de inmediato. Desde el departamento gubernamental se confirma que ya se está trabajando en un nuevo proyecto de real decreto que restituirá las medidas anuladas, pero esta vez siguiendo el procedimiento administrativo ordinario.
El objetivo de la administración sigue siendo el mismo: evitar la proliferación de centros que no cumplan con estándares mínimos de excelencia. Sin embargo, para evitar nuevos reveses en los tribunales, el nuevo borrador se someterá a todos los dictámenes y plazos de exposición pública habituales.
Para el estudiante que planea matricularse en un centro privado o para el personal de estas instituciones, esta resolución judicial se traduce en una tregua regulatoria. De momento, las universidades privadas no tendrán que aplicar de inmediato las exigencias de personal e investigación que contenía la norma anulada, manteniendo las condiciones de matriculación y la estructura de profesorado actuales hasta que se apruebe y publique el nuevo reglamento definitivo.
Fuentes: Agencia EFE; El Español; El Debate; El Confidencial; El País; Cadena SER; Expansión; Elplural.com; Ara Balears; El Nacional.cat; Hispanidad; ABC
Foto: La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Europa Press
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