El fallecimiento de la anciana, que se encontraba hospitalizada desde su desalojo en Madrid, desata una oleada de reacciones políticas y sociales sobre la emergencia habitacional.
71 años es el tiempo que Maricarmen Abascal residió en su piso de Madrid antes del desahucio que acabó con su ingreso hospitalario y posterior fallecimiento a los 87 años. La muerte de esta vecina ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad residencial y ha desatado una ola de reacciones políticas.
El origen de la movilización social
El desahucio de la anciana, ejecutado el pasado 23 de septiembre de 2026 en camilla debido a su delicada salud, generó un hondo impacto social. Las imágenes de la intervención en la calle Alcalde Sainz de Baranda provocaron de inmediato acampadas de protesta en la Puerta del Sol de la capital y en otras ciudades españolas, convirtiendo el caso en un emblema de la lucha por el derecho a la vivienda.
Un pacto que no llegó a tiempo
Antes del trágico desenlace, la representación legal de la afectada y la propiedad del inmueble, Urbagestión, habían alcanzado un principio de acuerdo con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. El pacto establecía un nuevo contrato de arrendamiento por un periodo de ocho años. Sin embargo, la salud de Maricarmen se deterioró gravemente en el Hospital Gregorio Marañón antes de poder retornar a su hogar. Desde el Sindicato de Inquilinas han criticado que la situación era evitable y han calificado el proceso de torturante.
División en el escenario político
La pérdida ha generado una cascada de reacciones entre los distintos representantes públicos. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresaba sus condolencias afirmando sentir la pérdida como propia, desde Vox se ha señalado directamente al Ejecutivo como responsable de la situación. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su pésame a la familia pidiendo que no se haga campaña política con el fallecimiento. La empresa Urbagestión también ha transmitido públicamente su pesar a los familiares.
Este trágico final pone el foco en las condiciones de los alquileres para personas vulnerables en España. El acuerdo que no llegó a aplicarse estipulaba que la renta mensual de la afectada no superaría el 30% de sus ingresos netos, un porcentaje que los colectivos sociales consideran el límite máximo aceptable para evitar la exclusión residencial.
Fuentes: Agencia EFE; The Objective; El Debate; El Economista; Libertad Digital; LaSexta; El Correo; Noticias de Gipuzkoa; Telecinco; Infobae; COPE; El Constitucional; El HuffPost; OkDiario; 20Minutos; CatalunyaPress
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