Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia pactan un proyecto piloto para externalizar las devoluciones fuera de las fronteras comunitarias.
Cien plazas componen la capacidad inicial del primer centro piloto de deportación que Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia prevén abrir en Ruanda a principios de 2027. La iniciativa busca trasladar fuera del continente a aquellas personas a las que se les ha denegado definitivamente la protección internacional en suelo europeo y que rechazan la devolución voluntaria.
Un ensayo operativo fuera del continente
El grupo impulsor de esta medida busca comprobar la viabilidad jurídica y logística del proyecto a pequeña escala antes de plantear su ampliación. A diferencia de otros intentos previos, el plan se centrará únicamente en personas adultas que han agotado todas las vías administrativas y judiciales para quedarse en Europa. La iniciativa no afectará a los menores no acompañados y contará con la presencia formal de la Comisión Europea como observadora, además del seguimiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.
Choque de posturas en la política europea
El planteamiento cuenta con defensores y detractores dentro del espacio comunitario. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, defiende que este modelo enviará la señal de que no es posible quedarse en suelo europeo tras ingresar de forma irregular. Por su parte, países como España y Francia se oponen abiertamente a la externalización de los retornos. La propuesta bebe del nuevo reglamento comunitario que permite a los Estados miembros formalizar pactos con terceros países para gestionar los traslados.
Precedentes judiciales y condiciones de acogida
Los países promotores asumen que la medida enfrentará recursos ante los tribunales nacionales e internacionales, como ya ocurrió con las iniciativas de Reino Unido en Ruanda o de Italia en Albania. La diferencia radicará en que los trasladados a Kigali no estarán encerrados en un recinto cerrado, sino que contarán con un permiso de residencia legal temporal, acceso al mercado de trabajo y programas de formación. Desde el Gobierno de Ruanda, el ministro del Interior, Vincent Biruta, sostiene que el país busca contribuir a una solución global basándose en su propia historia.
Las alertas del sector social
Las entidades dedicadas a la protección de los derechos humanos señalan los riesgos que implica este esquema de deportaciones. Desde la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, la técnica Chiara Catelli advierte de que expulsar a personas a un territorio donde no tienen arraigo ni redes de apoyo puede derivar en situaciones de indigencia, explotación o nuevos desplazamientos clandestinos para intentar reencontrarse con sus familias en Europa.
Las estimaciones del grupo promotor fijan en un límite máximo de 60 días el tiempo de permanencia continuada por persona en el centro africano antes de resolverse su retorno o reubicación definitiva.
Fuentes: La Vanguardia
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