Un depósito de 4.000 euros es lo que hace falta para que los juzgados de Barcelona investiguen el presunto fraude en la tutela de menores durante la última década. Es la cantidad que la juez Alejandra Gil Llima exige a la Asociación Guardianes de la Inocencia. Tiene un plazo de cinco días para depositarla o la denuncia se archiva. La querella incluye a la exconseller de ERC Chakir El Homrani y a la de Junts Violant Cervera. La Sindicatura de Cuentas detectó pagos fraudulentos por 168 millones de euros entre 2016 y 2024. Durante esa época, el área de tutela de menores estaba bajo control de ERC. La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo la justicia tiene precio para investigar abusos a niños?
Hay causas que no deberían costar dinero. Y hay fianzas que se convierten en barreras. Cuando 4.000 euros deciden si se investigan abusos sexuales a menores tutelados, no es solo un trámite judicial. Es un mensaje. Y los mensajes, cuando hay niños de por medio, siempre tienen destinatario.
Los hechos: qué pide la juez, qué se denuncia
Un depósito de 4.000 euros es lo que hace falta para que los juzgados de Barcelona investiguen el presunto fraude en la tutela de menores durante la última década.
Es ésa la cantidad que la juez Alejandra Gil Llima exige a la Asociación Guardianes de la Inocencia para investigar el tema, conforme dicta la ley.
En un auto que lleva fecha del pasado 6 de marzo, pero comunicado el pasado viernes, da un plazo de cinco días (que vence el próximo viernes) para que se deposite esa cantidad o la denuncia se archiva y las irregularidades en la tutela de menores no serán investigadas.
En junio pasado, la citada asociación presentó una querella criminal contra Ester Cabanas, los exconsellers Chakir El Homrani (ERC) y Violant Cervera (Junts), así como contra Josep Ginesta, ex alto cargo de Derechos Sociales y Trabajo por los presuntos delitos de prevaricación, negligencia y del deber de protección.
Los casos: menores desprotegidos y redes de abusos
En el texto se denuncia la pésima gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat.
Permitió que una niña de 15 años "totalmente incapacitada fuese a vivir con un chico de 25 años".
Y que una menor de 12 años bajo su tutela acabase como "víctima de abusos sexuales y explotación por parte de una red de pederastas liderada por Teófilo Lapeña".
El pasado año, la policía desarticuló una banda que prostituía menores tuteladas en Barcelona, encabezada por Teófilo Lapeña, que había utilizado a una menor desde los 12 años para alquilarla a pederastas en la capital catalana.
La banda se servía de la chica para atraer a otras menores e, igualmente, abusar de ellas en un piso del centro de la ciudad.
El fraude económico: 168 millones de euros detectados
La querella, que firma el abogado Octavio Candela, recoge también que "simultáneamente, han aflorado indicios de irregularidades en la gestión de las prestaciones económicas dirigidas a jóvenes extutelados por parte del Servicio de Evaluación y Apoyo al Postacogimiento (SEVAP) de Girona".
Un técnico educativo del citado organismo ha denunciado las posibles actuaciones fraudulentas consistentes en la renovación irregular o la duplicación injustificada de ayudas, así como otros hechos que podrían estar relacionados con un uso arbitrario o desviado de fondos públicos destinados a la protección de la infancia y la juventud en situación de desamparo.
La Sindicatura de Cuentas había realizado un extenso informe sobre la gestión de la tutela de menores entre los años 2016 y 2024 y llegó a la conclusión de que en ese periodo se habían detectado pagos fraudulentos de prestaciones sociales desde el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat que ascendían a casi 168 millones de euros.
La Sindicatura advertía de que el monumental fraude "podría dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente (…) los pagos indebidos detectados no responden sólo a errores administrativos, sino a problemas estructurales de transparencia y gobernanza".
Durante esa época, el área de tutela de menores estaba bajo el control de ERC.
Las empresas intermediarias: 200 millones anuales
Los menores son atendidos principalmente por determinadas empresas intermediarias que se embolsan 200 millones de euros cada año.
Una de las principales empresas del sector, Fundación Resilis, tiene entre sus responsables a directivos vinculados a ERC.
Uno de sus trabajadores fue quien denunció el modus operandi, aportando grabaciones y pruebas de que la empresa estaba cobrando hasta 3.600 euros mensuales por acoger a menores de 16 a 18 años, muchos de los cuales ya no estaban bajo la tutela de la Generalitat o se habían marchado de Cataluña.
También denunció que jóvenes mayores de edad que ni siquiera estaban ya en la comunidad siguiesen disfrutando de un salario de la Administración catalana de 754 euros al mes.
El whistleblower: escolta por amenazas
El Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), también alertó de graves irregularidades en la tutela de menores durante los últimos años.
Y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) advirtió de que podía haber delito en la gestión y recibió la declaración de varios trabajadores que atienden a los menores tutelados.
Al principal testigo (y denunciante primigenio) tuvieron que ponerle escolta por las amenazas recibidas después de que desde las empresas para las que trabajaba filtrasen su nombre y apellidos.
La fianza: "Somos una asociación pequeña"
La juez mantuvo un mutismo absoluto sobre la querella hasta que en diciembre el letrado presentó un escrito de impulso judicial para que el procedimiento no quedara paralizado.
Tras ese escrito, la titular del juzgado ha dispuesto que se investigue, pero, antes, la fundación ha de depositar 4.000 euros como fianza.
Si no se deposita esa fianza, la querella será rechazada y los hechos quedarán sin investigación, ya que Fiscalía, pese a la alerta de otros organismos de investigación y fiscalización, no ha intervenido en el caso.
"Para nosotros es una cantidad importante, porque somos una asociación pequeña y no disponemos de los fondos, aunque estamos dispuestos a aportar el dinero de nuestros bolsillos", explica a El Confidencial el presidente de la asociación, Julián Peribáñez.
Paralelamente, Guardianes de la Inocencia dirigió este lunes un escrito al juzgado para pedir una rebaja en la fianza.
"Los hechos han de investigarse judicialmente. Si luego el juez dictamina que no hay delito, pues veremos, pero por lo menos, tras los demoledores informes de Sindicatura de Cuentas y de la Oficina Antifraude, se ha de determinar si hay algo de verdad en las denuncias porque son hechos muy graves", añade Peribáñez.
Preguntas que vale la pena hacerse
¿Por qué Fiscalía no ha intervenido de oficio pese a los informes de la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude? ¿Es que hace falta una asociación privada para activar la justicia?
También cabe preguntarse: ¿4.000 euros es una fianza razonable para investigar abusos a menores? ¿O es una barrera que deja casos graves sin investigar?
Y sobre todo: ¿cuántos casos similares se han archivado por no poder pagar fianzas? ¿Es la justicia igual para quien tiene recursos y para quien no?
Contexto para entender el momento
La ley de enjuiciamiento criminal permite a los jueces exigir fianzas en querellas particulares para evitar denuncias temerarias.
Pero cuando hay informes de organismos públicos que alertan de posibles delitos, la lógica debería ser diferente.
ERC gobernó el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat durante el periodo del fraude detectado (2016-2024).
Chakir El Homrani fue conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias hasta 2021.
La Fundación Resilis tiene directivos vinculados a ERC. El whistleblower que denunció el fraude necesitó escolta policial.
Reflexión final
4.000 euros para investigar abusos a menores. 168 millones en fraude detectado. Un testigo con escolta. Fiscalía en silencio. Cuando la justicia depende de una fianza, deja de ser justicia. Se convierte en subasta. Y los niños, siempre los niños, pagan el precio más alto.
Datos clave
- Fianza exigida: 4.000 euros depositados en 5 días (vence próximo viernes).
- Juez: Alejandra Gil Llima, juzgado de Barcelona.
- Querellante: Asociación Guardianes de la Inocencia; presidente Julián Peribáñez.
- Querellados: Ester Cabanas, Chakir El Homrani (ERC), Violant Cervera (Junts), Josep Ginesta (ex alto cargo Derechos Sociales).
- Delitos denunciados: Prevaricación, negligencia, del deber de protección.
- Caso 1: Niña de 15 años "totalmente incapacitada" enviada a vivir con chico de 25 años.
- Caso 2: Menor de 12 años víctima de abusos sexuales por red de Teófilo Lapeña.
- Red desarticulada: Policía desmanteló banda que prostituía menores tuteladas en Barcelona.
- Fraude detectado: 168 millones de euros en pagos fraudulentos (Sindicatura de Cuentas, 2016-2024).
- Periodo: Área de tutela de menores bajo control de ERC durante el fraude.
- Empresas intermediarias: Se embolsan 200 millones de euros anuales.
- Fundación Resilis: Directivos vinculados a ERC; cobraba 3.600 euros/mes por menores ya no tutelados.
- Fraude SEVAP: Renovación irregular y duplicación injustificada de ayudas en Girona.
- Whistleblower: Técnico educativo necesitó escolta por amenazas tras filtración de su identidad.
- Organismos alertan: Sindicatura de Cuentas, Oficina Antifraude de Cataluña, Síndic de Greuges.
- Fiscalía: No ha intervenido pese a alertas de organismos de fiscalización.
- Abogado querella: Octavio Candela.
Fuentes: El Confidencial, Asociación Guardianes de la Inocencia, Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Síndic de Greuges, Policía Nacional
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