Mientras el Gobierno español guarda silencio, Rabat consolida una política de hechos consumados licitando bloques de exploración energética en aguas del Atlántico que se solapan con los derechos económicos del archipiélago, blindando su posición con el respaldo de capitales de Italia, Catar, Reino Unido e Israel.
La soberanía económica de las Islas Canarias enfrenta una amenaza que no llega con estruendo, sino con la frialdad de los contratos internacionales. Según analiza el experto en seguridad Ramón Cuerda Riva, el reino alauita está aplicando una estrategia implacable para apropiarse de recursos estratégicos multimillonarios, desde bolsas de gas hasta las tierras raras del Monte Tropic.
El mapa marítimo que rodea a Canarias sufre una transformación que no responde a la geología, sino a las decisiones políticas de la Moncloa. Al ceder la principal baza de negociación sobre el Sáhara Occidental a cambio de estabilidad en Ceuta y Melilla y una cooperación migratoria temporal, el Ejecutivo ha permitido que el coste de esa cesión recaiga directamente sobre el Atlántico.
El escudo financiero de las multinacionales
Consciente de que sus pretensiones sobre las aguas saharauis carecen de aval en las resoluciones de la ONU, Mohamed VI ha optado por una jugada maestra: atraer al capital internacional para compartir el subsuelo marino. Mediante la entrega de licencias de exploración, Marruecos levanta un escudo financiero que protege sus intereses frente a cualquier futura reclamación española.
El reparto es geopolíticamente significativo. En el bloque Boujdour Atlantique, Rabat ha integrado a la firma israelí NewMed Energy, afianzando la arquitectura de los Acuerdos de Abraham. En paralelo, la alianza de la italiana ENI con QatarEnergy en la zona de Tarfaya Offshore Shallow introduce un doble blindaje: compromete los intereses comerciales de un Estado miembro de la Unión Europea y suma el músculo financiero de una de las principales monarquías del golfo Pérsico.
La ecuación se cierra con las concesiones a las operadoras británicas Chariot y Europa Oil & Gas. Tras el Brexit, el Reino Unido busca asegurar recursos energéticos propios fuera de los cauces regulatorios comunitarios. Mientras España guarda silencio para no alterar su relación con Rabat, Marruecos convierte la ocupación de estas aguas en un negocio respaldado por potencias extranjeras.
Gas y el tesoro oculto del Monte Tropic
Lo que está en juego en la fachada atlántica no son simples expectativas de hidrocarburos. Se trata de una de las mayores bolsas de riqueza del planeta, dividida en dos grandes áreas que inciden directamente en el futuro de Canarias.
La primera es la soberanía gasística. Las prospecciones en el área adyacente al Sáhara y en la zona de solapamiento con el archipiélago revelan reservas valoradas en más de 40.000 millones de euros. El control de estos yacimientos otorgaría a Marruecos autarquía energética y capacidad para fijar los precios del suministro en el norte de África.
El segundo activo reside en el Monte Tropic, situado en la ampliación de la plataforma continental que España reclama para Canarias. Esta montaña submarina alberga materias primas esenciales para la industria tecnológica. Los estudios calculan que acumula un volumen de telurio equivalente al 10% del consumo mundial necesario para fabricar paneles solares, además de 2.500 veces más cobalto del que se extrae anualmente en toda la tierra firme. Su valor estimado supera los 90.000 millones de euros.
La hipoteca jurídica para el futuro
El Gobierno español sostiene en público que los contactos de la comisión mixta hispano-marroquí para delimitar los espacios marítimos avanzan con normalidad. Los hechos, sin embargo, desmienten a Moncloa. Mientras la delegación española acude a las citas con informes técnicos y apelaciones al diálogo, Rabat firma contratos vinculantes a largo plazo.
Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha sentenciado que las aguas saharauis pertenecen a un territorio en litigio y que su explotación comercial es ilegal sin el consentimiento de la población saharaui. Marruecos ignora esta realidad utilizando su legislación interna de 2020 sobre su Zona Económica Exclusiva, una maniobra que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) prohíbe.
El problema trasciende la legislatura actual. Si un futuro Gobierno español intenta revertir la situación, exigir el cumplimiento de la ley internacional o defender la Zona Económica Exclusiva de Canarias, se topará con una barrera de intereses empresariales. España no solo tendría que negociar con Rabat; debería afrontar las reclamaciones legales y las indemnizaciones millonarias de las compañías de Italia, el Reino Unido, Catar e Israel, cuyos gobiernos protegerán la seguridad jurídica de sus inversiones.
Preguntas para el lector
- ¿Puede un gobierno intercambiar la soberanía económica de un territorio por una paz migratoria temporal?
- ¿Qué margen de maniobra tendrá un futuro ejecutivo español si debe enfrentarse no solo a Rabat, sino a los intereses jurídicos y financieros de potencias extranjeras?
- ¿Es el silencio diplomático una estrategia de Estado o una rendición silenciosa ante los hechos consumados?
- ¿Quién responde ante los canarios por la renuncia a litigar por un patrimonio vinculado a su prosperidad futura?
El gabinete actual aplaza el conflicto y compra una calma temporal. Pero el precio de esa calma no lo paga quien la firma, sino quien hereda el territorio. La soberanía no se negocia en silencio; se defiende con hechos.
¡Nos han vendido!
Fuentes: Artículo de Ramón Cuerda Riva en Escudo Digital; análisis de Libertad Digital sobre la licitación de bloques de exploración energética por parte de Marruecos; sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Sáhara Occidental; informes geológicos sobre las reservas del Monte Tropic y la plataforma continental de Canarias.
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