Decenas de inmigrantes asaltaron ayer la Embajada de Gambia en Madrid al no poder obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos para acogerse al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central. Los hechos, ocurridos en torno a las 10:00 horas en la calle Hernández de Tejada (distrito de Ciudad Lineal), generaron aglomeraciones y altercados que requirieron la intervención de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Municipal para restablecer el orden.
Según denunció el sindicato Jupol a través de sus redes sociales, la situación vivida recordó "imágenes propias de otros continentes" y señaló directamente a la política migratoria del Ejecutivo como origen de un "auténtico caos" que, a su juicio, se está extendiendo por diversas ciudades del país. Los inmigrantes, muchos de ellos aguardando desde la noche anterior, intentaron saltar la valla de la sede diplomática al comprobar que se quedaban sin posibilidad de obtener el documento a primera hora de la mañana.
La intervención policial: contención sin detenciones
La rápida actuación de los agentes permitió rebajar la tensión y evitar incidentes mayores. No se practicaron detenciones, pero el episodio ha puesto sobre la mesa la presión que están generando los trámites de regularización en las representaciones diplomáticas de países con alta demanda de certificados.
Fuentes policiales consultadas explican que, en el caso concreto de la Embajada de Gambia, el periodo habilitado para realizar el trámite se ha reducido a pocos días, un plazo insuficiente para el volumen de solicitantes. A ello se suma, según estas fuentes, un factor cultural: en ciertos países africanos "no están acostumbrados a hacer cola para esperar", lo que puede dificultar la gestión ordenada de procesos masivos.
El contexto del proceso: 500.000 personas, recursos limitados
Los trámites para la regularización de personas inmigrantes en situación irregular arrancaron el pasado 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial. Se trata de una de las medidas estrella del Gobierno central, anunciada a principios de febrero y que, según estimaciones oficiales, podría afectar a unas 500.000 personas.
El certificado de vulnerabilidad es una de las tres vías —junto con la situación familiar o el arraigo— por las que los migrantes que cumplen los requisitos pueden acogerse al proceso. Sin embargo, diversas administraciones y colectivos profesionales han alertado de la falta de recursos para atender la demanda, un cuello de botella que ya se ha traducido en colas, esperas prolongadas y episodios de tensión como el vivido en Madrid.
La crítica sindical: "Dejar fuera a la Policía es un error"
Jupol ha trasladado su respaldo a los agentes movilizados no solo en Madrid, sino también en otros puntos conflictivos como Murcia, donde aseguran que también se han producido episodios de tensión derivados del mismo proceso. El sindicato advierte de que "esto sucedería, entre otras razones, por dejar fuera a la Policía Nacional de un proceso clave para garantizar la seguridad y el control".
La exclusión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la gestión operativa de la regularización ha sido uno de los puntos más controvertidos del decreto. Mientras el Gobierno defiende que se trata de un procedimiento administrativo coordinado por distintos departamentos ministeriales, los sindicatos policiales insisten en que la ausencia de expertos en control migratorio puede derivar en situaciones de riesgo tanto para los solicitantes como para el orden público.
Prevención sin refuerzos: la estrategia de Interior
Por el momento, no existe una orden para incrementar la seguridad en las distintas embajadas afectadas por la demanda de certificados. No obstante, desde mandos de Seguridad Ciudadana se ha transmitido a todos los turnos de trabajo que permanezcan en estado de prevención, por si vuelven a producirse episodios como el de la Embajada de Gambia y sea necesario acudir rápidamente a solventar la situación.
Esta estrategia de respuesta reactiva, en lugar de preventiva, plantea preguntas sobre la planificación del proceso. Cuando se diseña un trámite que afecta a cientos de miles de personas, la anticipación de escenarios de alta demanda no es una opción: es una obligación técnica.
La reflexión que obliga a pensar
El episodio de la Embajada de Gambia no es un hecho aislado: es un síntoma de la tensión entre la voluntad política de regularizar y la capacidad operativa para ejecutarlo. Cuando un proceso de esta envergadura se lanza sin recursos proporcionales a la demanda, las consecuencias no se miden solo en cifras de expedientes tramitados, sino en imágenes de aglomeraciones, en agentes desbordados y en personas que, tras esperar horas o días, se quedan sin el documento que buscaban.
La regularización es una herramienta legítima de política migratoria. Pero su eficacia no depende solo de la norma: depende de la logística, de la coordinación entre administraciones y de la transparencia en los criterios de adjudicación. Cuando estos elementos fallan, el riesgo no es solo la ineficiencia: es la erosión de la confianza ciudadana y la exposición de colectivos vulnerables a situaciones de riesgo.
La pregunta que queda sobre la mesa no es si debe regularizarse. Es cómo hacerlo sin generar caos, sin sobrecargar a quienes gestionan el proceso y sin dejar a nadie atrás por falta de planificación. Porque en política migratoria —como en tantas otras—, la buena intención no basta. Se necesitan recursos, protocolos y, sobre todo, realismo.
Y lo más importante, hacerlo cumpliendo las propias normas, reglas, leyes del país y no inventando un proceso que para nada se puede considerar democrático ni legal.
Fuentes: ABC, sindicato Jupol, Policía Nacional, Ministerio del Interior, documentación sobre el proceso de regularización extraordinaria
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