Tres años después de su aprobación, la ley trans de Irene Montero vuelve al centro del debate. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha reunido más de un centenar de casos de agresores y delincuentes que cambiaron su sexo registral. Algunos, condenados por violencia de género. Otros, buscando ventajas en oposiciones. El más sonado: Canady, el sevillano que intentó eludir 15 meses de cárcel por maltratos. La pregunta es inevitable: ¿protección de derechos o vacío legal que deja a las mujeres desprotegidas?
Hay leyes que nacen para proteger. Y hay leyes que, con el tiempo, revelan grietas que nadie quiso ver en el momento de su aprobación. Cuando se legisla sobre identidad, sobre sexo registral, sobre autodeterminación, se tocan fibras profundas de la sociedad. Y cuando esas fibras se tensan, las consecuencias trascienden el despacho del legislador.
Los hechos: qué dice la investigación, qué ocultan las instituciones
Una resolución del Portal de Transparencia con fecha de 19 de febrero de 2024 comunicó que en el primer año de vida de la ley trans, el número de inscripciones practicadas en los Registros Civiles relativas al cambio registral de la mención relativa al sexo ascendió a 5.139. Cuatro veces más que en el año 2022.
Ahora, dos años después, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha intentado repetir el proceso de solicitud de datos. Sin éxito. Desde el portal de Transparencia han advertido que no existe una "sistematización en la recogida de estos datos".
Para la organización, esto desenmascara una falta de interés y "de voluntad de hacer accesibles informaciones que pondrían de manifiesto la chapuza legislativa que implica un concepto jurídico como la «autodeterminación» de un dato registral". Denuncian "oscurantismo de las instituciones" y las acusan de negar a la sociedad información que debería tener de primera mano.
Sin embargo, gracias a su trabajo e investigación, la organización asegura haber reunido más de un centenar de casos relacionados con los efectos que la polémica norma ha tenido sobre las mujeres.
El caso Canady: cuando la ley se convierte en recurso
Uno de los ejemplos más sonados en España ha sido el de Canady, el sevillano que en 2023 decidió cambiarse de sexo para eludir el cumplimiento de una condena de 15 meses de cárcel por maltratar a su expareja.
El caso saltó a los medios. Generó indignación. Y puso el foco en una pregunta incómoda: ¿puede una ley diseñada para proteger la identidad de las personas convertirse en un recurso para eludir responsabilidades penales?
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres advierte de que la casuística documentada supera el centenar de ejemplos. Pero "no están todos", ya que el registro solo recoge los que han trascendido a los medios de comunicación.
El mapa de los casos: de Torrelodones al País Vasco
La organización ha elaborado un mapa que recoge situaciones en las que personas con antecedentes por delitos graves —maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores— han solicitado y obtenido la modificación de sexo en el Registro Civil sin tener ningún tipo de problema.
Uno de los primeros casos polémicos fue el de un varón de Torrelodones que acudió a las pruebas físicas para optar a una de las seis plazas de Policía Local. Se aprovechó de su cambio de sexo para aprobar el examen y lograr la mejor nota. Las pruebas físicas para mujeres tienen requisitos diferentes a los de hombres.
Otro caso grave: el 18 de agosto, un ertzaina que había acudido el pasado mes de noviembre al Registro Civil de San Sebastián para cambiarse el nombre, intentó matar a su esposa con un cuchillo de cocina frente a sus hijas.
Según la organización, estos casos demuestran que en el procedimiento de cambio de sexo registral no se verifican los antecedentes penales de quien lo solicita. Algo que consideran un problema grave.
Las advertencias que no se escucharon
Que esto iba a ocurrir ya se sabía. Por eso, desde antes de su aprobación, varias organizaciones feministas expresaron su rechazo y advirtieron de los problemas que podía generar la «autodeterminación del sexo legal» para las protecciones basadas en la categoría jurídica «sexo» y para las «medidas antidiscriminatorias por razón del sexo».
Carmen Calvo advirtió que si se daba luz verde a esta norma, se iba a abolir "la potente legislación de igualdad de nuestro país".
Pese a estas advertencias, la ley salió adelante. La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió que la norma iba a «despatologizar al colectivo» y a establecer su «libre derecho a la determinación de la identidad de género».
Tres años después, el debate sigue abierto. Y las consecuencias, documentadas.
Las víctimas que pierden protección
La organización afirma que esta situación ha provocado en algunos casos que mujeres víctimas de maltrato «pierdan o vean retrasados» los mecanismos específicos de protección previstos en la legislación contra la violencia machista.
Cuando el agresor cambia su sexo registral, los protocolos de protección pueden verse complicados. Las órdenes de alejamiento, los dispositivos de vigilancia, los recursos específicos para víctimas de violencia de género... todo se vuelve más complejo cuando la categoría jurídica "sexo" se difumina.
Preguntas que vale la pena hacerse
¿Puede una ley de protección de derechos incluir mecanismos que prevengan su uso fraudulento sin estigmatizar a quienes busca proteger? ¿Deberían verificarse los antecedentes penales en los procedimientos de cambio de sexo registral? ¿Cómo se equilibra la autodeterminación individual con la seguridad colectiva?
También cabe preguntarse por la transparencia: ¿por qué las instituciones no sistematizan la recogida de estos datos? ¿Es burocracia? ¿Es ideología? ¿O es que hay información que no conviene hacer pública?
Contexto para entender el momento
La ley trans española se aprobó en un momento de máxima polarización sobre los derechos LGTBI. Europa camina en direcciones diversas: algunos países avanzan hacia la autodeterminación sin restricciones; otros, como Reino Unido, han dado marcha atrás tras detectar problemas similares.
El debate no es menor. Toca fibras identitarias, jurídicas, sociales. Y cuando las leyes se aprueban sin consenso amplio, las grietas suelen aparecer con el tiempo.
Reflexión final
Las leyes no son eternas. Se escriben, se aplican, se revisan. Y cuando los efectos no deseados se documentan, la pregunta no es si hay que cambiarlas. La pregunta es cuánto tiempo debe pasar antes de que la sociedad exija ese cambio.
No se trata de elegir entre derechos de un colectivo o de otro. Se trata de construir marcos legales que protejan a todos sin dejar puertas abiertas al fraude. Porque cuando una ley se usa para lo contrario de lo que fue diseñada, no es el ciudadano quien pierde. Es la confianza en las instituciones.
Datos clave
- Ley trans: Aprobada en 2023 bajo el mandato de Irene Montero como ministra de Igualdad; permite la autodeterminación del sexo registral sin requisitos médicos.
- Cambios registrales: 5.139 en 2023 (primer año de la ley), cuatro veces más que en 2022, según Portal de Transparencia.
- Casos documentados: Más de 100 casos reunidos por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres; la organización advierte que "no están todos".
- Caso emblemático: Canady (Sevilla, 2023), condenado a 15 meses por maltratos, intentó eludir la condena cambiándose de sexo registral.
- Otros casos: Varón en Torrelodones usó cambio de sexo para aprobar pruebas físicas de Policía Local; ertzaina en San Sebastián intentó matar a su esposa tras cambiarse el nombre en Registro Civil.
- Problema detectado: No se verifican antecedentes penales en los procedimientos de cambio de sexo registral.
- Impacto en víctimas: Mujeres maltratadas han "perdido o visto retrasados" mecanismos de protección específicos por cambios de sexo registral de sus agresores.
- Advertencias previas: Organizaciones feministas y Carmen Calvo alertaron antes de la aprobación sobre riesgos para la legislación de igualdad.
- Transparencia: Portal de Transparencia admite no existir "sistematización en la recogida de estos datos"; la organización denuncia "oscurantismo institucional".
Fuentes: El Debate, Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Portal de Transparencia, registros del Ministerio de Justicia, cobertura mediática de casos documentados
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