La Comisión Europea ha advertido al Gobierno español de que la rebaja del IVA a los combustibles fósiles hasta el 10% no se ajusta a la normativa comunitaria. Bruselas trasladó este mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez en una carta remitida a finales de marzo, en la que cuestiona la legalidad de esta medida adoptada para mitigar el impacto del encarecimiento energético derivado de la guerra en Oriente Próximo.
La reducción del IVA forma parte del paquete de medidas aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo para hacer frente al encarecimiento energético. Desde el Ministerio de Hacienda admiten haber recibido la advertencia de Bruselas, aunque defienden la iniciativa al tratarse de una actuación puntual y limitada en el tiempo. De hecho, el Ejecutivo mantiene su intención de aplicar la rebaja al menos hasta el 30 de junio, sin contemplar por ahora una rectificación pese al toque de atención europeo.
El margen que no existe
Sin embargo, ese margen de actuación también es reducido. España ya ha ajustado estos impuestos hasta los niveles mínimos que permite la normativa comunitaria en productos como la gasolina y el diésel, además de aplicar rebajas a otros combustibles como el gas natural, el queroseno o el fuelóleo. Esta medida tiene un impacto estimado de unos 656 millones de euros, lo que deja poco recorrido adicional por esta vía.
En paralelo, el recorte del IVA implicará una merma recaudatoria cercana a los 507 millones de euros hasta finales de junio. En conjunto, el plan de ayudas diseñado para amortiguar el impacto de la crisis energética supera los 5.000 millones de euros.
Cinco mil millones. Una cifra que marea. Pero que palidece cuando se compara con el coste real que pagan los ciudadanos en las gasolineras. Cada día. Cada semana. Cada mes.
La contradicción de fondo
Más allá del debate jurídico, en la Comisión Europea existe también una preocupación de fondo: abaratar los combustibles fósiles puede terminar incentivando su consumo. Tanto el comisario de Energía, Dan Jorgensen, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han venido advirtiendo a los Estados miembros de que eviten medidas que refuercen la dependencia de estas fuentes y, en su lugar, impulsen el ahorro energético y la electrificación.
Uno lee esto y piensa: ¿es posible promover la transición energética mientras los precios de la energía se disparan por una guerra que no hemos elegido? ¿Se puede pedir a los ciudadanos que aprieten el cinturón cuando el cinturón ya no da más de sí?
Por ello, Bruselas se muestra más favorable a medidas fiscales con un enfoque estructural que contribuyan a la transición energética, como aquellas relacionadas con la producción eléctrica o las redes de distribución. No obstante, estas políticas también se enfrentan a un contexto fiscal cada vez más exigente tras las sucesivas crisis de los últimos años, que han elevado la deuda pública y reducido el margen presupuestario de los Estados.
Las reglas que no se flexionan
En este escenario, la Comisión sigue descartando por ahora flexibilizar las reglas fiscales, como reclaman algunos países como Italia, lo que limita la capacidad de los gobiernos para aprobar nuevos paquetes de estímulo sin exponerse a sanciones. Desde Bruselas insisten en que la situación actual no justifica activar las cláusulas excepcionales previstas para episodios de recesión severa.
Uno se pregunta: ¿para qué sirven las cláusulas excepcionales si no se activan en momentos excepcionales? ¿Qué criterio define cuándo una crisis es "suficientemente grave"? ¿Lo deciden técnicos en Bruselas? ¿O lo sufren ciudadanos en Madrid, Barcelona, Valencia?
Este contexto también ayuda a entender la cautela con la que se ha recibido la propuesta impulsada por varios países, entre ellos España, para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. La Comisión confirma que está analizando la iniciativa, aunque advierte de que este tipo de medidas no garantiza ingresos inmediatos suficientes para sostener una respuesta eficaz frente a la crisis.
Las preguntas que quedan flotando
¿Es legítimo que Bruselas frene una medida que alivia el bolsillo de los ciudadanos españoles? También cabe preguntarse: ¿qué gana Europa manteniendo reglas rígidas en un contexto de guerra y crisis energética? ¿Dónde está el equilibrio entre la disciplina fiscal y la protección social? ¿Quién decide cuándo una norma debe ceder ante la realidad? ¿Qué ocurre si España mantiene la rebaja del IVA pese a la advertencia europea? ¿Hay sanciones? ¿Hay negociación? ¿O hay silencio hasta que la medida expire?
El pulso entre Madrid y Bruselas
La tensión entre el Gobierno español y la Comisión Europea por la rebaja del IVA en carburantes no es un incidente aislado, sino un síntoma de un debate más amplio sobre cómo gestionar las crisis dentro de la Unión. Por un lado, Madrid argumenta que se trata de una medida temporal para proteger a familias y empresas de un shock externo. Por otro, Bruselas insiste en que las soluciones puntuales no pueden comprometer los objetivos estructurales de la transición energética ni la estabilidad fiscal del bloque.
El Gobierno mantiene su postura: la rebaja se aplicará al menos hasta el 30 de junio. No hay rectificación prevista, pese a la advertencia comunitaria. Ahora corresponde a la Comisión decidir si da un paso más allá de la carta de aviso: abrir un procedimiento de infracción, negociar una solución intermedia o dejar correr el plazo a la espera de que la medida expire por sí sola.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen llenando depósitos. Los precios en las gasolineras no esperan a que se resuelva el debate jurídico. Y la factura, al final, la pagan quienes menos margen tienen para asumir subidas.
La próxima cita clave será finales de junio, cuando venza el plazo de la rebaja. Para entonces, la crisis energética podría haber remitido... o haberse agravado. Y la respuesta de Bruselas podría marcar el tono de las relaciones fiscales entre España y la UE en los próximos años.
Hasta entonces, el pulso continúa.
Fuentes: El Economista, El País, Comisión Europea, Ministerio de Hacienda, declaraciones de Dan Jorgensen y Ursula von der Leyen
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