La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la legislación sobre recogida, tratamiento y control de aguas residuales urbanas. La denuncia afecta a 114 localidades de más de 2.000 habitantes y supone el último capítulo de un procedimiento iniciado en octubre de 2017, cuando Bruselas envió una carta de emplazamiento al Ejecutivo español.
No es la primera vez que España se enfrenta a este tipo de sanción comunitaria. El país ya ha recibido sentencias condenatorias y multas millonarias por déficits similares en la depuración. Tras un dictamen motivado en noviembre de 2019 y un periodo de gracia para subsanar los incumplimientos, la Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes y ha optado por la vía judicial.
Los cuatro frentes del incumplimiento
La denuncia de Bruselas identifica cuatro tipos de irregularidades en el cumplimiento de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas:
En total, 114 aglomeraciones urbanas que, según la Comisión, no garantizan los niveles mínimos de protección ambiental exigidos por la normativa europea.
El riesgo sanitario y ambiental de las aguas sin depurar
Las aguas residuales no tratadas pueden contener bacterias, virus y nutrientes como nitrógeno y fósforo, capaces de provocar eutrofización —proliferación excesiva de algas que asfixia otras formas de vida— en ríos, lagos, costas y aguas subterráneas. Además de los daños ecológicos, suponen un riesgo directo para la salud humana cuando entran en contacto con fuentes de abastecimiento o zonas de baño.
La Directiva europea protege tanto la calidad del agua como la salud pública al exigir que los Estados miembros recojan y traten las aguas residuales urbanas de todas las aglomeraciones de 2.000 habitantes o más antes de verterlas al medio ambiente. España, según Bruselas, no ha cumplido con esta obligación en más de un centenar de núcleos poblacionales.
Un historial de condenas y multas
El procedimiento actual se enmarca en una trayectoria de incumplimientos reiterados. España ya ha sido condenada en anteriores ocasiones por déficits en la depuración, con sanciones que han alcanzado cifras millonarias. La persistencia de las irregularidades, a pesar de los avisos comunitarios, refleja una dificultad estructural para invertir en infraestructuras hidráulicas con la velocidad que exige la normativa.
La falta de financiación, la fragmentación competencial entre administraciones y la prioridad política de otras partidas presupuestarias han contribuido a retrasar las obras necesarias. Mientras, el reloj de la UE sigue corriendo: cada sentencia del TJUE puede traducirse en nuevas multas coercitivas hasta que se subsane el incumplimiento.
La reflexión necesaria
Cuando Bruselas lleva a un Estado miembro ante el TJUE por incumplir normas ambientales, no se trata solo de una sanción técnica: es un recordatorio de que la protección del agua no admite prórrogas indefinidas. España tiene la obligación de garantizar la depuración en todas sus aglomeraciones, no por imposición externa, sino por responsabilidad con su propio territorio y su ciudadanía.
La inversión en saneamiento no es un gasto opcional. Es una condición básica para la salud pública, la calidad ambiental y el cumplimiento de los compromisos europeos. Mientras se retrasa, el coste no desaparece: se traslada a los ríos, a las costas y, al final, a quien paga las consecuencias.
Fuentes: ABC, Comisión Europea, Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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