El Gobierno ha dado instrucciones a las cárceles para que faciliten la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros, una medida que no ha sido anunciada oficialmente pero que ya está generando tensión en el interior de los centros penitenciarios. La orden, recogida en un documento interno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias relativo a la aplicación del Real Decreto 316/2026, obliga a los centros a identificar a los internos extranjeros susceptibles de acogerse a procesos de regularización y a colaborar activamente en su gestión.
El texto, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, insta a las prisiones a reforzar la coordinación con oficinas de extranjería y delegaciones del Gobierno. Aunque no introduce cambios normativos, la instrucción tiene consecuencias operativas inmediatas: los funcionarios deberán implicarse en trámites administrativos que hasta ahora no formaban parte de sus funciones habituales.
Un colectivo significativo
La medida afecta a un segmento relevante de la población reclusa. Más del 30% de los internos en cárceles españolas son extranjeros, lo que supera las 15.000 personas. La mayoría procede de Marruecos y Argelia, países con los que España mantiene vínculos históricos y flujos migratorios constantes.
El objetivo declarado de la instrucción es evitar que los internos queden en situación irregular tras cumplir condena, un escenario que, según argumenta el documento, dificultaría su reinserción social. La lógica es comprensible: una persona que sale de prisión sin papeles tiene más probabilidades de reincidir que quien puede acceder al mercado laboral con garantías.
El malestar de los funcionarios
La decisión del Ejecutivo ha abierto un frente con los trabajadores penitenciarios. El sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM) denuncia que la Secretaría General actúa con "celeridad" cuando se trata de medidas que benefician a los internos, mientras mantiene un "silencio sistemático" ante las reivindicaciones de los funcionarios.
La organización evita cuestionar el contenido de la regularización, pero critica la falta de respuesta a propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales. Entre ellas destacan la concentración horaria para reducir desplazamientos —en muchos casos de hasta 50 kilómetros— o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, una demanda bloqueada desde hace más de siete años.
La presión parlamentaria detrás de la medida
La instrucción no surge de la nada. Responde, al menos en parte, a la presión de Más Madrid, uno de los principales socios parlamentarios del PSOE. El pasado 15 de abril, la formación registró en el Congreso una batería de preguntas para exigir al Gobierno que garantice el acceso a procedimientos de regularización a los migrantes internados en Centros de Internamiento de Extranjeros.
Más Madrid alertó de posibles disfunciones en la aplicación del Reglamento de Extranjería y denunció casos en los que personas con arraigo acreditado siguen sujetas a órdenes de expulsión sin poder acceder a vías de regularización. A su juicio, esta situación podría vulnerar principios como la seguridad jurídica o la proporcionalidad.
El equilibrio político del Ejecutivo
Con esta instrucción, el Gobierno se sitúa en un nuevo equilibrio político: atender las exigencias de sus socios en materia migratoria mientras afronta el creciente malestar de los funcionarios de prisiones. La medida, conocida ahora por vías internas y sindicales, no ha sido objeto de debate público, lo que plantea preguntas sobre la transparencia en la gestión de políticas sensibles.
La regularización de presos extranjeros no es un tema menor. Implica decisiones sobre quién puede permanecer en España, bajo qué condiciones y con qué garantías. También afecta a la percepción de igualdad ante la ley: ¿debe un preso extranjero tener vías de regularización que no están disponibles para otros colectivos en situación similar?
Lo que queda por decidir
Cuando una administración prioriza la reinserción de un colectivo sobre las demandas laborales de sus propios funcionarios, la pregunta no es solo técnica: es política. ¿Puede un sistema penitenciario funcionar con eficacia si quienes lo operan se sienten ignorados? ¿Cómo se equilibra la atención a los internos con el reconocimiento a quienes vigilan su cumplimiento?
La instrucción de Instituciones Penitenciarias es un paso en una dirección. Pero los pasos, cuando no se explican ni se consensuan, pueden generar más dudas que certezas.
Y en política penitenciaria —como en tantas otras— la confianza no se impone por decreto.
Se construye con diálogo, con transparencia y con hechos.
Fuentes: El Español, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sindicato TAMPM, Más Madrid, Real Decreto 316/2026, datos de población reclusa extranjera del Ministerio del Interior
© SOS RADIO ESPAÑA — www.sosradioespaña.es
.
.
.
.
¿TIENES PROBLEMAS INFORMÁTICOS?
Servicios de soluciones y reparaciones informáticas online desde: 18,95€
