Reino Unido ha aprobado una ley histórica para que los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 no fumen nunca, prohibiendo la venta de tabaco a estas generaciones. La regulación, que entrará en vigor el próximo año, incluye medidas adicionales sobre productos de tabaco, vapeo y nicotina, y ha sido presentada como el camino hacia "la primera generación libre de humo" del país.
En España, la pregunta es inevitable: ¿es posible algo así? ¿Existe voluntad política para avanzar por este camino? El Ministerio de Sanidad responde con cautela. Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud, no descarta la posibilidad a largo plazo, pero advierte: "Todavía no estamos en el momento adecuado".
La brecha de prevalencia: por qué España no es Reino Unido
Gullón reconoce que la legislación británica "tiene un interés enorme" como instrumento para reducir la prevalencia del tabaco de forma generacional. Pero subraya que "hay que tener un contexto adecuado". Y el contexto español, según los datos, dista del británico.
España registra una prevalencia de consumo de tabaco del 25,8% en la población general, frente al 10% aproximado de Reino Unido. Entre los jóvenes de Secundaria (14-18 años), un 27,3% ha probado el tabaco al menos una vez y un 4,3% fuma a diario, según la encuesta ESTUDES de 2025. Cifras en descenso, sí, pero aún lejos de los niveles que permiten plantear prohibiciones generacionales sin generar mercados paralelos o fracturas sociales.
Josep María Suelves, vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, lo resume con claridad: "Es poco realista poner en marcha medidas draconianas de prohibición de venta de tabaco en menores cuando nos quedan otros caminos que recorrer".
El retraso legislativo español en políticas antitabaco
Gullón explica que los países que se animan a implementar este tipo de políticas —como Australia o Reino Unido— suelen tener prevalencias de tabaquismo más bajas y trayectorias más consolidadas en políticas públicas de control del tabaco. España, en cambio, arrastra un "retraso legislativo" que limita su capacidad para dar saltos cualitativos.
A pesar de este contexto, los expertos insisten en que hay margen de mejora. Cada año mueren 60.000 personas en España por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Una cifra que, para muchos, debería acelerar la acción, no frenarla.
Los pasos previos que España aún no ha dado
Suelves recuerda que el Ministerio de Sanidad está tramitando una reforma de la ley antitabaco para ampliar los espacios libres de humo y establecer limitaciones para las nuevas formas de consumo. Pero advierte: antes de plantear una ley como la británica, España debería dar dos pasos fundamentales en los que apenas hay avances: elevar la fiscalidad del tabaco e imponer un empaquetado neutro para todas las cajetillas y marcas.
La evidencia internacional es contundente: el precio es uno de los factores más eficaces para reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes. Y el empaquetado neutro elimina el atractivo publicitario de las marcas, reduciendo la iniciación al hábito. Sin estas medidas previas, una prohibición generacional podría quedar en un gesto simbólico con impacto limitado.
El diablo está en los detalles: aplicación, mercado negro y efectos de sustitución
José María Abellán Perpiñán, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Murcia e investigador en Salud Pública, advierte que "como siempre, el diablo está en los detalles". Legislar es solo el primer paso. Hacer cumplir la ley —lo que los británicos llaman enforcement— es el verdadero reto.
Si no se garantiza un control efectivo, surgirá un mercado paralelo y clandestino para abastecer a jóvenes con tabaco. Además, Abellán insiste en evitar "efectos de sustitución": no basta con regular el tabaco tradicional; también deben controlarse las nuevas formas de iniciación, como cigarrillos electrónicos y vapeadores. De lo contrario, la medida no será eficaz.
El dilema jurídico: verificar la edad sin vulnerar derechos
Desde el punto de vista legal, una hipotética ley española de prohibición generacional plantea desafíos complejos. La abogada Isabel Marín, experta en Derecho Farmacéutico y Sanitario, señala que la norma tendría que definir no solo quién puede o no comprar tabaco, sino también cómo verificar esa edad o fecha de nacimiento sin convertir cada transacción en un sistema de vigilancia que afecte a la protección de datos.
Marín añade que el derecho antitabaco está evolucionando: ya no se limita a regular espacios sin humo, sino que busca modelar conductas futuras y diseñar mercados. La pregunta de cómo encajaría una regulación de este tipo en la normativa nacional y europea es algo que podrá abordarse cuando el contexto lo permita.
La pregunta que define el debate
Cuando un país considera prohibir el acceso al tabaco a una generación entera, la decisión no es solo sanitaria: es social, económica y jurídica. ¿Puede España dar ese salto sin antes consolidar medidas básicas como el precio y el empaquetado neutro? ¿Cómo se garantiza que una prohibición no genere mercados ilegales que expongan a los jóvenes a productos sin control?
La evidencia científica avala la reducción del tabaquismo como una de las políticas de salud pública más eficaces. Pero la eficacia no depende solo de la norma.
Depende de su aplicación, de su aceptación social y de su capacidad para adaptarse a realidades cambiantes.
Y en salud pública —como en tantas otras políticas—, la prisa mal planificada puede ser tan dañina como la inacción.
Fuentes: Diario Médico, Ministerio de Sanidad (declaraciones de Pedro Gullón), Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, encuesta ESTUDES 2025, Universidad de Murcia (José María Abellán Perpiñán), análisis jurídico de Isabel Marín, datos de mortalidad por tabaquismo del Instituto Nacional de Estadística
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