La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abogado este miércoles por crear un instrumento que permita al Estado adelantar las pensiones alimenticias cuando un progenitor se niega a abonarlas tras un divorcio. La propuesta, presentada en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, busca proteger "el bien superior del menor" y combatir lo que Redondo define como "una violencia soterrada que se ejerce sobre muchas mujeres y que es la base de otras violencias".
La intervención de la ministra se enmarcó en un debate conjunto sobre la aplicación del Convenio de Estambul y la cultura del consentimiento. Según ha informado el Ministerio, Redondo defendió las políticas de igualdad impulsadas por el Gobierno español y recordó que, hace cincuenta años, las mujeres en España no podían viajar al extranjero ni abrir una cuenta bancaria sin permiso marital.
El incumplimiento de la pensión como forma de violencia
Redondo ha situado el impago de la pensión alimenticia no solo como un incumplimiento contractual, sino como una manifestación de violencia económica que afecta directamente a menores y a sus cuidadoras. "Es importante crear un instrumento por el que el Estado adelante esas pensiones alimenticias", afirmó la ministra, subrayando que la medida pretende evitar que los hijos e hijas sufran las consecuencias de la conflictividad entre sus progenitores.
La propuesta plantea que la Administración asuma temporalmente el pago de la manutención cuando exista sentencia firme y el obligado al pago incumpla de forma reiterada, reservándose el Estado el derecho de reclamar posteriormente al deudor. Este mecanismo, ya implantado en otros países europeos, podría reducir la indefensión de muchas familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres.
España como referente en políticas de igualdad
Durante su intervención, Redondo resaltó el papel de la Ley contra la Violencia de Género de 2004, que permitió instalar tres pilares fundamentales en la lucha contra esta lacra: la legislación específica, la red social e institucional de apoyo y los recursos económicos necesarios.
La ministra también puso en valor el consenso alcanzado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 y renovado en 2025 con la única ausencia de Vox. "Este pacto social y político comprende más de 400 medidas diferentes, muchas de ellas son reflejo del Convenio de Estambul", explicó.
Nuevos frentes: violencia vicaria, digital y normalización de la pornografía violenta
Redondo ha hecho hincapié en el trabajo de España para combatir en Europa formas emergentes de violencia: la vicaria, que utiliza a los hijos para dañar a la madre; la digital, que se ejerce a través de redes y plataformas; y la normalización de contenidos que romantizan la prostitución y el proxenetismo en internet.
"La pornografía violenta se está normalizando entre los jóvenes", advirtió la ministra, quien vinculó este fenómeno con la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual y la cultura del consentimiento. En este sentido, destacó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual como herramienta clave "ante la escalada de la desconfianza en las palabras de las mujeres".
Recursos en territorio: Puntos Violeta y centros de crisis
La ministra concluyó su intervención valorando la expansión de instrumentos de atención directa a víctimas. Los Puntos Violeta, ya instalados en farmacias y otros espacios de proximidad, permiten detectar situaciones de riesgo y derivar a recursos especializados. Además, España cuenta actualmente con 59 centros de crisis abiertos en todo el territorio para atender a víctimas de violencias sexuales, ofreciendo atención integral las 24 horas.
El contexto que falta
Cuando se plantea que el Estado adelante pensiones impagadas, la pregunta no es solo económica: es de garantías. ¿Cómo se evita el fraude? ¿Qué controles se establecen para verificar el impago real y no la conflictividad puntual? ¿Cómo se asegura que el mecanismo no se convierta en una vía para eludir responsabilidades parentales?
La propuesta de Redondo responde a una necesidad real: miles de menores sufren las consecuencias del impago de pensiones. Pero su éxito dependerá del diseño técnico, de la coordinación entre administraciones y de la dotación presupuestaria suficiente.
Porque en políticas sociales —como en tantas otras—, la intención no basta.
Se necesitan herramientas que funcionen.
Y herramientas que, cuando fallan, tengan corrección rápida.
Fuentes: Europa Press, Ministerio de Igualdad, intervención de Ana Redondo en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Convenio de Estambul, Pacto de Estado contra la Violencia de Género
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