El partido de Feijóo apoya en Bruselas el modelo de Irene Montero que criticó en España, mientras el debate sobre consentimiento, proporcionalidad penal y seguridad jurídica divide a la izquierda y la derecha
REDACCIÓN | SOS RADIO ESPAÑA
26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026
Imagina esta escena: un diputado del Partido Popular levanta la mano en el Parlamento Europeo para aprobar un informe que exporta el modelo del "solo sí es sí". El mismo que su formación llevó a los tribunales, criticó en campaña y cuestionó en el Congreso español. No es un guion de ficción: ocurrió esta semana en Bruselas. Y detrás del gesto, late una pregunta incómoda: ¿principios o estrategia?
El texto aprobado recoge una definición común de violación en toda la Unión Europea "basada exclusivamente en el consentimiento". Desplaza la violencia y la intimidación a un segundo plano. Elimina la distinción entre conductas con y sin fuerza. Y establece un único criterio válido de consentimiento, con matices subjetivos de difícil acreditación. Suena a avance. Pero también genera dudas.
La paradoja del PP: ¿cambio de criterio o doble vara?
En España, el Partido Popular recurrió la ley del "solo sí es sí" impulsada por Irene Montero. Argumentó que debilitaba la seguridad jurídica, alteraba la carga de la prueba y provocaba reducciones de penas. Ahora, en Europa, vota a favor de un informe que reproduce ese mismo modelo.
¿Ha cambiado de opinión? ¿O considera que lo que no funciona en España puede servir para el resto de la UE? La pregunta no es retórica: toca el nervio de la credibilidad política. Cuando los principios se adaptan al escenario, ¿siguen siendo principios o se convierten en táctica?
VOX alerta: "tu palabra contra la mía"
La formación de Santiago Abascal fue la única que votó en contra. Su argumento: este planteamiento "socava la seguridad jurídica, debilita la presunción de inocencia y altera la carga de la prueba, trasladando el proceso penal a un escenario de 'tu palabra contra la mía'".
Es una crítica dura. Pero no gratuita: la experiencia española con la reforma de 2022 obligó a revisar sentencias firmes y provocó excarcelaciones que generaron alarma social. ¿Fue un error de redacción? ¿Un problema de aplicación? ¿O una consecuencia inevitable de priorizar el consentimiento sobre otros elementos del tipo penal?
Las camisetas del mensaje: cuando el símbolo eclipsa el debate
Durante la votación, las ponentes socialistas lucieron camisetas con el lema "Only Yes Means Yes". Un gesto potente. Pero también revelador: confirma que no se trata solo de mejorar la protección de las mujeres, sino de imponer una narrativa. Y ahí surge otra pregunta: ¿la lucha contra la violencia machista gana o pierde cuando se convierte en bandera ideológica?
El mensaje es claro: el consentimiento es central. Nadie lo discute. Pero el derecho penal no es solo mensaje: es técnica, es garantías, es proporcionalidad. Cuando el símbolo avanza más rápido que el consenso jurídico, ¿protegemos más a las víctimas o generamos inseguridad para todos?
El principio de proporcionalidad: ¿obstáculo o garantía?
El informe aprobado rompe la distinción entre agresiones con y sin violencia. Para sus defensores, es un avance: el foco está en la voluntad, no en la fuerza. Para sus críticos, es un retroceso: se igualan conductas muy distintas bajo una misma etiqueta penal.
La proporcionalidad no es un capricho técnico: es una garantía. Impide que un beso no consentido tenga la misma consecuencia jurídica que una violación con intimidación. Eliminarla puede parecer progresista, pero también puede generar injusticias. ¿Cómo equilibrar protección de víctimas y seguridad jurídica? Esa es la pregunta que el informe no resuelve.
La experiencia española: lección o advertencia
VOX lo ha dicho sin rodeos: "La experiencia española es clara: la aplicación de este modelo obligó a revisar sentencias, provocó reducciones de penas y excarcelaciones". Los datos son complejos: algunos casos se reclinificaron, otros no. Pero el impacto mediático fue innegable.
Ahora, Europa adopta el modelo. ¿Aprende de los errores españoles? ¿O repite los mismos riesgos? La respuesta no está en el texto: está en cómo se aplique. Y ahí, la prudencia debería ser la norma.
La pregunta que nadie hace en voz alta
Más allá de siglas, votos y camisetas, hay una cuestión de fondo: ¿queremos un derecho penal que proteja a las víctimas a cualquier precio, o uno que proteja a todas las personas, incluidas las acusadas, mediante garantías?
No es una pregunta cómoda. Pero es necesaria. Porque cuando el miedo a parecer "blando" con la violencia machista nos lleva a recortar derechos procesales, corremos el riesgo de ganar batallas simbólicas y perder la guerra por un sistema justo.
Al final, el verdadero debate no es el consentimiento: es cómo lo probamos
Nadie discute que el consentimiento debe ser el eje de la protección sexual. La pregunta es otra: ¿cómo acreditamos ese consentimiento en un proceso penal sin invertir la carga de la prueba? ¿Cómo protegemos a las víctimas sin debilitar las garantías de todos?
El PP ha votado a favor. VOX, en contra. El PSOE, con camisetas. Pero la ciudadanía merece más que gestos: merece un debate serio, técnico y honesto. Porque el derecho penal no es un campo de batalla ideológico: es la última frontera de la libertad.
Y en esa frontera, la prudencia no es cobardía: es responsabilidad.
📊 DATOS CLAVE:
- El PP español votó a favor del informe europeo que adopta la definición de violación "basada exclusivamente en el consentimiento"
- El texto elimina la distinción entre conductas con y sin violencia, rompiendo el principio de proporcionalidad penal
- VOX fue la única formación que votó en contra, alertando sobre seguridad jurídica y presunción de inocencia
- La experiencia española con la ley del "solo sí es sí" obligó a revisar sentencias y generó reducciones de penas
- Las ponentes socialistas lucieron camisetas con el lema "Only Yes Means Yes" durante la votación
- El informe establece criterios subjetivos de consentimiento, de difícil acreditación procesal
🔍 CONTEXTO: Esta votación se produce en un momento de tensión europea entre la protección de derechos de las víctimas y la preservación de garantías penales, con países como Alemania, Francia o Italia debatiendo reformas similares en sus propios ordenamientos.
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