El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha solicitado al Tribunal Supremo declarar por escrito como testigo en el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Torres se ampara en la exención prevista para presidentes autonómicos y miembros del Gobierno. La ley le permite evitar la comparecencia presencial. Está previsto que declare el 22 de abril, junto a Francina Armengol, también expresidenta autonómica. La pregunta es inevitable: ¿es un privilegio legítimo o es una forma de eludir el escrutinio público en un juicio que afecta a la credibilidad del Gobierno?
Hay leyes que protegen funciones. Y hay leyes que protegen personas. Cuando un ministro pide declarar por escrito en un juicio por corrupción, no está violando la norma. Está usando un resquicio que la norma permite. Y cuando hay resquicios, siempre hay alguien que se pregunta por qué existen.
Los hechos: qué pide Torres, qué permite la ley
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha solicitado al Tribunal Supremo declarar por escrito como testigo en el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.
Así lo ha pedido el ministro a la Sala de lo Penal del Supremo en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide que se le remita el "oportuno pliego de preguntas, que será contestado por escrito y remitido en la forma legalmente prevista".
Torres aduce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "incluye entre las personas que están exentas de la obligación de declarar de manera presencial a los presidentes de las comunidades autónomas" y da cuenta de que él presidió Canarias entre los años 2019 y 2023.
De la misma manera, el ministro expone que la ley "también exime del deber de declarar mediante personación ante el tribunal a los miembros del Gobierno".
Además, subraya que, según "lo conocido a través de los medios de comunicación" relacionado con la causa, los hechos que se juzgan "versan sobre el período" en el que ostentó la presidencia de la citada comunidad autónoma y "sobre las que habría tenido conocimiento por razón del cargo".
El precedente: Armengol también declarará como testigo
Está previsto que tanto Torres como la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, declaren como testigos el próximo 22 de abril.
Armengol, como Torres, acumuló cargos institucionales durante el período investigado. Su declaración también podría ser objeto de solicitudes similares para evitar la comparecencia presencial.
No es un detalle menor. Cuando dos de los testigos clave en un juicio por corrupción pueden declarar por escrito, el juicio cambia de naturaleza. Lo que se gana en comodidad institucional, se pierde en transparencia pública.
La ley que lo permite: artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 411, establece que están exentos de la obligación de declarar presencialmente:
- Los presidentes de las comunidades autónomas
- Los miembros del Gobierno
- Los altos cargos de las instituciones del Estado
La norma no les exonera de declarar. Les permite hacerlo por escrito. Una distinción sutil pero importante.
El objetivo original de esta exención es proteger el funcionamiento de las instituciones. Un presidente autonómico o un ministro no pueden pasar horas en un juzgado cada vez que se les requiera como testigos.
Pero cuando el juicio es por corrupción, cuando los acusados son exministros, cuando el caso tiene repercusión nacional... la pregunta es si la protección institucional debe primar sobre la transparencia judicial.
Preguntas que vale la pena hacerse
¿Es legítimo que un ministro evite comparecer presencialmente en un juicio que afecta a miembros de su propio Gobierno? ¿Qué valor tiene un testimonio escrito frente a uno oral, donde el juez puede observar las reacciones, las dudas, las contradicciones?
También cabe preguntarse: ¿por qué esta exención sigue vigente en 2026? ¿Tiene sentido en una democracia donde la separación de poderes debería proteger a las instituciones sin necesidad de privilegios procesales?
Y sobre todo: ¿qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando los cargos públicos tienen reglas diferentes para declarar en un juicio por corrupción? ¿Es protección institucional o es impunidad encubierta?
Contexto para entender el momento
El juicio de las mascarillas es uno de los casos más sensibles de la legislatura. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, se sienta en el banquillo junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia han generado múltiples investigaciones. El caso tiene ramificaciones políticas que llegan hasta Moncloa.
En este escenario, cada testimonio cuenta. Cada declaración se analiza. Y cuando un testigo pide declarar por escrito, las interpretaciones se multiplican.
Ángel Víctor Torres fue presidente de Canarias entre 2019 y 2023. Ahora es ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez. Su doble condición le permite acogerse a la exención.
Pero la ley no es solo texto. Es percepción. Y la percepción, en política, es realidad.
Reflexión final
Las leyes se escriben para durar. Pero los tiempos cambian. Lo que tenía sentido cuando se redactó el artículo 411 puede no tenerlo hoy.
No se trata de exigir que un ministro declare presencialmente por castigo. Se trata de preguntar si la justicia debe ser igual para todos, incluidos los que gobiernan.
Cuando un cargo público pide declarar por escrito, no está haciendo nada ilegal. Está usando un derecho que la ley le concede. Pero hay derechos que, cuando se ejercen, generan preguntas.
Y esas preguntas, aunque no tengan respuesta judicial, tienen peso político.
Porque al final, los juicios no solo se ganan o se pierden en los tribunales. Se ganan o se pierden en la confianza de la gente.
Y la confianza, cuando se negocia por escrito, nunca llega completa.
Datos clave
- Solicitud: Ángel Víctor Torres pide al Tribunal Supremo declarar por escrito en el juicio de las mascarillas.
- Cargo actual: Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
- Cargo anterior: Presidente de Canarias (2019-2023).
- Acusados en el juicio: José Luis Ábalos (exministro de Transportes), Koldo García (exasesor), Víctor de Aldama (empresario).
- Delito: Presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
- Base legal: Artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; exención para presidentes autonómicos y miembros del Gobierno.
- Fecha prevista de declaración: 22 de abril de 2026.
- Otro testigo clave: Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares; también podría acogerse a la exención.
- Tipo de testimonio: Pliego de preguntas por escrito, contestado y remitido "en la forma legalmente prevista".
- Período investigado: Coincide con el mandato de Torres como presidente de Canarias.
Fuentes: Europa Press, Tribunal Supremo, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ministerio de Política Territorial
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