Isabel Díaz Ayuso ha insistido este jueves, tras la sentencia del TSJM que le exige crear el registro de objetores al aborto, en que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo. Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a ponerlo en marcha, lo que llevó al Ministerio de Sanidad a llevarla a los tribunales. Esta semana, los jueces le han dado la razón a Mónica García. Pero Ayuso mantiene su posición: defiende "la libertad de conciencia" y acusa a Más Madrid de querer "negar" derechos a los médicos. La pregunta es inevitable: ¿protege el registro a los objetores o es una herramienta para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública?
Hay sentencias que se cumplen. Y hay sentencias que se matizan. Cuando una presidenta autonómica dice que no va a "señalar" a nadie tras un fallo judicial que le obliga a actuar, no está obedeciendo. Está resistiendo. Y cuando hay resistencia institucional, siempre hay alguien que paga el precio.
Los hechos: qué dice la sentencia, qué responde Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le exige crear el registro de objetores al aborto, en que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo.
"Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo", ha lanzado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid.
Ha sido en respuesta a la pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha arrancado afirmando que Ayuso "va a pasar por el aro" y ha reivindicado que es "gracias a los tribunales" y a la ministra de Sanidad y líder de su formación, Mónica García.
La Comunidad de Madrid es la única región que se ha negado a ponerlo en marcha, lo que hizo al Ministerio llevarla a los tribunales, que le han dado la razón esta semana.
El argumento de Ayuso: "Defiendo la libertad de conciencia"
En su intervención, Ayuso ha reivindicado, tras su negativa a "señalar", que lo hace porque defiende "la libertad, la ideológica de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos y la integridad física y moral".
"Es todo aquello que ustedes le quieren negar a los médicos. Por tanto, hemos defendido que tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente. Y es justo lo contrario que hacen ustedes", ha espetado a la bancada de Más Madrid.
Asimismo, ha insistido en preguntarles, como hiciera el pasado Pleno en el marco del 8M, en si no les da "pena" ver a España "tan sumamente envejecida" y que no hagan "nunca una sola propuesta en positivo".
"¿No les da pena que pudiendo evitar que se le niegue la vida a tantos, se hagan propuestas en positivo? (...) ¿No creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar la mayoría de los casos?", ha preguntado.
Los datos que maneja la presidenta: 100.000 abortos, 40% reincidentes
Ayuso ha afirmado a continuación que el 40% de los abortos son "reincidentes", que se ha "superado los 100.000 abortos en España" y que el "15% viene de otras comunidades autónomas".
"¿Cómo pueden decir esto si encima no hay ni médicos, que no ponen quienes deben hacerlo? 20.000 abortos al año en Madrid, ¿les parece que en Madrid no se puede abortar? ¿No les da pena o vergüenza mentir así a la gente?", ha rematado.
Los números, sin contexto, son munición política. Con contexto, son otra cosa. Pero la pregunta es: ¿de dónde saca Ayuso estas cifras? ¿Son oficiales? ¿Reflejan la realidad completa?
La réplica de Más Madrid: "Gracias a los tribunales, se podrá abortar en la pública"
Por su parte, Bergerot ha agradecido al feminismo, el Ministerio y los tribunales porque "en Madrid se va a poder abortar en la pública" frente a aquellos que "prefieren" que se "acose en la puerta de las clínicas privadas".
El resto de la intervención de Bergerot la ha centrado en criticar a Ayuso por no haber dicho "una sola palabra sobre las 160 niñas asesinadas" en el ataque a una escuela infantil femenina en Irán, los "miles de asesinados en Gaza" o "contra la guerra".
Ha reconocido el "miedo y angustia" que genera ver una guerra televisada y ha insistido a Ayuso en que se ponga del "lado de la paz" o que explique a la "gente trabajadora" que está "a favor de una guerra que les va a subir la gasolina a un precio por las nubes" o que va a "subir los intereses de su hipoteca".
"Explíqueles que está a favor de una guerra, que les va a subir el precio del supermercado, que les va a subir los precios más básicos: el de la calefacción, el de la luz, la leche, el aceite, los huevos. Explíqueles todo eso, sí, y luego dígales que 'No a la guerra es un eslogan vacío'. A ver si esa ocurrencia les baja el precio de la cesta de la compra", ha sentenciado.
Preguntas que vale la pena hacerse
¿Qué protege realmente el registro de objetores: la conciencia de los médicos o el acceso al aborto de las mujeres? ¿Por qué Madrid ha sido la única comunidad en resistirse a implementarlo? ¿Es una cuestión ideológica o hay algo más?
También cabe preguntarse: si hay 20.000 abortos al año en Madrid, como dice Ayuso, ¿por qué las asociaciones de mujeres denuncian listas de espera y dificultades para acceder a la prestación en la sanidad pública? ¿Son compatibles ambas realidades?
Y sobre todo: ¿cuántas mujeres tendrán que esperar a que se cumpla la sentencia para poder ejercer un derecho que ya es ley desde 2010? ¿Y cuántos médicos objetores hay realmente en Madrid? ¿Por qué ese dato no es público?
Contexto para entender el momento
El registro de objetores de conciencia al aborto está previsto en la ley orgánica aprobada en 2023. Su objetivo es permitir a las administraciones sanitarias conocer cuántos profesionales se acogen a la objeción para poder organizar los servicios y garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública.
El registro tiene carácter confidencial. No es una lista pública. Es una herramienta de gestión interna. Pero para algunos sectores, cualquier registro es percibido como una forma de "señalamiento".
Madrid ha sido la única comunidad que se ha negado a desarrollarlo. El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García (Más Madrid), recurrió a los tribunales. El TSJM ha dado la razón al Ministerio. Ahora, Ayuso dice que cumplirá, pero sin "señalar".
La pregunta es: ¿cómo se crea un registro sin "señalar"? ¿O es que el cumplimiento será tan lento y burocrático que la sentencia quedará en papel mojado?
Reflexión final
El aborto no es un tema menor. Es un derecho. Es una decisión. Es, en muchos casos, un drama. Y cuando un sistema sanitario no puede garantizarlo, alguien está fallando.
No se trata de elegir entre médicos o pacientes. Se trata de reconocer que ambos tienen derechos. Y que esos derechos deben coexistir sin que unos anulen a otros.
Ayuso dice que no va a "señalar". Las mujeres dicen que no pueden acceder. Los tribunales dicen que hay que crear el registro. Y mientras, el tiempo pasa.
Porque al final, las sentencias no se miden en papel. Se miden en derechos ejercidos. Y hasta que eso no ocurra, la pregunta seguirá flotando: ¿quién protege a quién?
Datos clave
- Sentencia: TSJM exige a Madrid crear registro de objetores al aborto; Comunidad de Madrid es la única región que se negó a implementarlo.
- Fecha de comparecencia: 12/03/2026, sesión de control en la Asamblea de Madrid.
- Posición de Ayuso: "No voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo"; defiende "libertad de conciencia, intimidad personal, protección de datos".
- Ministerio implicado: Sanidad, liderado por Mónica García (Más Madrid), llevó a Madrid a los tribunales por incumplimiento.
- Cifras citadas por Ayuso: 100.000 abortos anuales en España; 40% "reincidentes"; 15% vienen de otras comunidades; 20.000 abortos/año en Madrid.
- Réplica de Más Madrid: Manuela Bergerot agradece a tribunales y feminismo; "en Madrid se va a poder abortar en la pública".
- Debate paralelo: Bergerot critica a Ayuso por no pronunciarse sobre guerra en Irán, Gaza; vincula conflicto con subida de precios (gasolina, hipoteca, cesta de la compra).
- Carácter del registro: Confidencial; herramienta de gestión interna para organizar servicios sanitarios, no lista pública.
- Ley de referencia: Ley orgánica de 2023 que prevé el registro de objetores de conciencia.
- Denuncias de asociaciones: Listas de espera y dificultades para acceder a la prestación en sanidad pública madrileña.
Fuentes: Europa Press, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Asamblea de Madrid, Ministerio de Sanidad, Más Madrid
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