Hay datos que se publican. Y hay datos que se silencian. Este es de los que no salen en las ruedas de prensa del Gobierno. De los que no llegan a los telediarios de las ocho. De los que, si los buscas, tienes que rascar mucho para encontrarlos.
Entre 2021 y 2025, España emitió 222.740 órdenes de salida contra nacionales de terceros países. Casi doscientos veintitrés mil papeles oficiales diciendo que estas personas deben abandonar el país.
De esas 222.740 órdenes, solo se ejecutaron 26.990 retornos efectivos.
Haz la cuenta. El 12,1% de cumplimiento. Casi nueve de cada diez órdenes de expulsión se quedaron en eso. En un papel. En una decisión administrativa que nunca se materializó.
La brecha que se abre año tras año
El año 2025 ilustra con especial claridad esta brecha.
Eurostat registró 53.695 órdenes de expulsión. Una cifra superior a las 36.775 llegadas ilegales detectadas ese año. Por primera vez, las órdenes superaron las entradas ilegales.
Pero los retornos efectivos fueron únicamente 5.705.
Una tasa de ejecución del 10,6%. La capacidad real de devolución se mantuvo en los niveles más bajos a nivel europeo.
La tendencia se repite a lo largo de los cinco años analizados.
En 2021 se emitieron 7.800 órdenes y se ejecutaron 3.230 retornos. Una tasa del 41,4%.
A partir de 2022 el volumen de órdenes se disparó hasta 45.960. Mientras los retornos apenas alcanzaron los 3.335. Un 7,3%.
En 2023 se alcanzó el récord de 64.260 órdenes frente a solo 5.995 retornos. Un 9,3%.
En 2024 las cifras fueron de 51.025 órdenes y 8.725 retornos. Con una tasa del 17,1%. Aunque Eurostat advierte de un cambio metodológico que amplió la definición de decisión de retorno.
Los años de mayor presión migratoria
Entre 2023 y 2025, los años de mayor presión migratoria, se expidieron 127.275 órdenes.
Se materializaron 18.090 retornos.
Apenas un 11,5%.
En paralelo, las llegadas ilegales en ese trienio sumaron casi 160.000 inmigrantes ilegales.
El saldo neto muestra una acumulación constante de ilegalidad que las expulsiones no logran revertir.
España en el contexto europeo
España se sitúa habitualmente entre los países de la Unión Europea que más órdenes de salida emiten. Ocupa posiciones destacadas en el ranking europeo.
Sin embargo, su tasa de ejecución efectiva se encuentra entre las más bajas del bloque.
Todos los retornos reportados por España fueron asistidos. Con apoyo logístico o material. Lo que aumenta el coste sin traducirse en un mayor número de devoluciones.
El asilo como vía de paralización
Esta ineficacia se agrava cuando se observa el capítulo de las solicitudes de asilo.
En 2025 España lideró el ranking europeo con 141.035 primeras solicitudes de protección internacional. El 21 por ciento del total de la Unión Europea.
Muchas de estas peticiones se presentan justo después de la llegada ilegal.
Aunque la tasa de reconocimiento de refugio estricto es reducida, la tramitación de los expedientes y las protecciones humanitarias temporales paralizan durante meses o años la ejecución de las órdenes de expulsión.
A finales de 2025 permanecían pendientes en España casi 249.000 solicitudes de asilo.
Los acuerdos que no funcionan
A pesar de los acuerdos bilaterales firmados con países como Senegal o Marruecos.
De las visitas de alto nivel destinadas a reforzar la cooperación en readmisión.
Los datos de Eurostat muestran que la brecha entre la decisión de expulsar y su cumplimiento real se mantiene año tras año.
Lo que nadie te cuenta de estas cifras
Aquí es donde toca ser honestos.
Porque cuando un Estado emite una orden y no la cumple, esa orden pierde valor. Pierde autoridad. Pierde sentido.
Imagina que un juez dicta una sentencia y no se ejecuta. ¿Para qué sirve el juez? ¿Para qué sirve la sentencia? ¿Para qué sirve la ley?
Pues lo mismo pasa con las órdenes de expulsión.
Se emiten. Se firman. Se registran. Pero no se cumplen.
Y cuando eso pasa, el mensaje que se envía es claro. Tanto al que llega como al que ya está.
Las leyes en España son papel mojado.
La pregunta del millón
¿Por qué no se ejecutan estas órdenes?
Hay varias razones. Algunas técnicas. Algunas políticas. Algunas humanas.
Los países de origen no siempre aceptan a sus nacionales. Sin documentación, es difícil probar de dónde viene alguien. Y sin esa prueba, muchos países dicen: no es mío.
Las solicitudes de asilo paralizan todo. Mientras se tramitan, que pueden ser meses o años, no se puede expulsar.
Los recursos judiciales también ayudan a alargar el proceso. Cada recurso es tiempo. Y el tiempo juega a favor del que se queda.
Y luego está la voluntad política. Porque ejecutar órdenes de expulsión cuesta dinero. Cuesta logística. Cuesta imagen.
Ningún Gobierno quiere salir en las noticias con imágenes de deportaciones masivas.
Así que se deja estar.
Las preguntas que quedan abiertas
¿Qué sentido tiene emitir órdenes que no se van a cumplir? ¿Es mejor no emitirlas y ser honestos?
También cabe preguntarse: ¿cuánto cuesta todo este proceso? Órdenes que se emiten. Recursos que se tramitan. Centros que se mantienen. Retornos asistidos que se pagan.
Y sobre todo: ¿qué mensaje se envía a los que llegan de forma ilegal? ¿Y a los que esperan años en un centro de internamiento? ¿Y a los ciudadanos que pagan impuestos para un sistema que no funciona?
Y digo yo...
222.740 órdenes emitidas. 26.990 retornos efectivos. El 12,1% de cumplimiento. Nueve de cada diez órdenes se quedan en papel. España lidera Europa en solicitudes de asilo. 141.035 en 2025. Casi 249.000 pendientes de resolver. Los acuerdos con Senegal y Marruecos no cambian la tendencia. Las visitas de alto nivel tampoco. La brecha se mantiene. Año tras año.
Cuando un Estado no cumple sus propias decisiones, pierde credibilidad. Pierde autoridad. Pierde respeto. Y los que llegan lo saben. Y los que se quedan lo saben. Y los que pagan impuestos lo saben. Al final, la pregunta no es si hay que expulsar más o menos. Es si las leyes sirven para algo. Porque cuando las leyes no se cumplen, dejan de ser leyes. Se convierten en recomendaciones. Y un país que recomienda en lugar de obligar, deja de ser un país de leyes. Se convierte en otra cosa.
Y esa otra cosa no tiene nombre. Pero se nota. Se nota en las fronteras. Se nota en los centros de internamiento. Se nota en las calles. Y se nota, sobre todo, en la confianza. Esa que, una vez perdida, es muy difícil de recuperar.
Fuentes: La Gaceta, Eurostat, datos oficiales de migración y asilo 2021-2025
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