La titular del Juzgado número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha citado a declarar como testigo al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada argumenta que el auto del TSJCV «excluye su responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante». Tampoco aprecia indicios de delito en su acción respecto al envío del ES-Alert. Su declaración se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza. También citan a Ruth Merino, portavoz del Consell, y a diversos alcaldes para que aporten sus llamadas y mensajes del 29 de octubre. Una asociación deberá depositar 6.000 euros de fianza para ejercer la acusación popular. La pregunta es inevitable: ¿pueden 230 muertos depender de una fianza y de si un presidente era o no «garante»?
Hay justicias que se aplican. Y hay justicias que se negocian. Cuando una juez cita como testigo al máximo responsable de una comunidad autónoma tras 230 muertos, no es solo un trámite judicial. Es un mensaje. Y los mensajes, cuando hay víctimas de por medio, siempre tienen destinatario.
Qué decide la juez, qué dice el auto
La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha acordado citar a declarar como testigo al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Así lo ha decidido en un auto notificado este martes a las partes.
La magistrada argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) «excluye» su «responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante».
La instructora precisa que «no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa» en el envío del ES-Alert.
De este modo, «no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales de Carlos Mazón».
Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJCV, al objeto de acordar su declaración testifical.
Cuándo declarará: a la espera de la firmeza del auto
El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicas del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.
Mientras tanto, Mazón no está investigado. Solo es testigo.
Ruth Merino y los alcaldes: también citados
En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino.
Así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29 de octubre con distintas autoridades y miembros del Cecopi.
El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) fue el organismo clave en la gestión de la crisis.
La fianza: 6.000 euros para acusar
En un segundo auto dictado y notificado hoy, la magistrada requiere a una asociación que deposite una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular.
Además de la particular, la Asociación Damnificados por la DANA Alfafar/Horta Sud.
Las víctimas, además de perder a sus seres queridos, ahora deben pagar para poder acusar.
Jorge Suárez y Salomé Pradas: más declaraciones
Finalmente, en una providencia, la juez acuerda, entre otras cosas, citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.
Para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior.
Así como a la exconsellera de Justicia investigada, Salomé Pradas, para realizar un cuerpo de escritura.
Esto es para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.
Preguntas que vale la pena hacerse
¿Cómo es posible que el presidente de una comunidad autónoma no sea «garante» de la seguridad de sus ciudadanos durante una emergencia? ¿Para qué sirve entonces el cargo?
También cabe preguntarse: ¿por qué las víctimas deben depositar 6.000 euros de fianza para ejercer la acusación popular? ¿La justicia no debería ser gratuita para quienes buscan verdad?
Y sobre todo: ¿cuántos autos, recursos y trámites hacen falta para que 230 familias tengan respuestas? ¿Cuánto tiempo más deberán esperar?
Contexto para entender el momento
La DANA de Valencia ocurrió el 29 de octubre de 2024. Dejó 230 víctimas mortales en la provincia.
El ES-Alert es el sistema de alerta temprana que envía mensajes a los móviles de la población en caso de emergencia.
El TSJCV es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los aforados como el presidente de la Generalitat solo pueden ser investigados por este tribunal.
La Asociación Damnificados por la DANA agrupa a cientos de familias que perdieron seres queridos o bienes en la catástrofe.
Más de un año después, el dinero donado por los ciudadanos (más de 30 millones) aún no tiene destino claro.
Reflexión final
230 muertos. Un presidente que declara como testigo. Una fianza de 6.000 euros para las víctimas. Cuando la justicia depende de si alguien era «garante» o no, de si puede pagar o no, de si los autos tienen firmeza o no, algo está roto. No es la ley. Es quien la aplica. Las víctimas no necesitan trámites. Necesitan verdad. Y la verdad, cuando hay 230 muertos de por medio, no debería tener precio.
Datos clave
- Juzgado: Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción de Catarroja (Valencia).
- Jueza: Titular del caso DANA (nombre no especificado en el auto).
- Citado: Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana.
- Condición: Testigo, no investigado.
- Razón TSJCV: «Excluye responsabilidad omisiva al no ostentar posición de garante».
- ES-Alert: No aprecia indicios de delito en la acción del aforado.
- Declaración: Se efectuará cuando el auto del TSJCV adquiera firmeza.
- Documentación requerida: Mensajes y llamadas del 29 de octubre de 2024.
- Ruth Merino: Portavoz del Consell en la fecha de la DANA; citada como testigo.
- Alcaldes: Requeridos para aportar listados de llamadas y mensajes del 29-O.
- Cecopi: Centro de Coordinación de Emergencias; autoridades contactadas ese día.
- Fianza acusación popular: 6.000 euros depositados por asociación de damnificados.
- Asociación: Damnificados por la DANA Alfafar/Horta Sud.
- Jorge Suárez: Subdirector general de Emergencias de la Generalitat; citado para aclaraciones.
- Salomé Pradas: Exconsellera de Justicia investigada; debe realizar cuerpo de escritura para prueba caligráfica.
- Documento: Manuscrito aportado por el subdirector general de Emergencias.
- Víctimas DANA: 230 muertos en la provincia de Valencia.
- Fecha catástrofe: 29 de octubre de 2024.
- Donaciones ciudadanas: Más de 30 millones de euros; destino aún sin aclarar más de un año después.
Fuentes: The Objective, TSJCV, Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Asociación Damnificados por la DANA
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