El Consejo de Estado ha emitido dictamen favorable a la aprobación urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería que permitirán iniciar el proceso de regularización de aproximadamente medio millón de personas que residen en España en situación irregular, según han confirmado fuentes del órgano consultivo a Europa Press.
La comisión permanente del Consejo de Estado aprobó el informe en su sesión de este jueves, que fue remitido acto seguido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El real decreto se encontraba pendiente del preceptivo dictamen después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia, tras un pacto entre PSOE y Podemos.
Respeto a las garantías y sugerencias de mejora
El dictamen sostiene que "se han respetado las garantías" necesarias para "concluir con éxito" el procedimiento de regularización. Asimismo, el órgano consultivo apoya que la medida se haya tramitado por vía reglamentaria, al considerar que se trata de "un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional", según han trasladado fuentes del Ministerio dirigido por Elma Saiz.
No obstante, la resolución del Consejo de Estado también formula observaciones y sugiere cambios en el texto. Desde el Ejecutivo han afirmado que se "está trabajando" para incorporar las recomendaciones del órgano consultivo, con el objetivo de aprobar el real decreto "lo antes posible".
Incompatibilidad con la Protección Internacional
El Consejo de Estado considera "incompatible" que una persona pueda beneficiarse simultáneamente de un permiso por Protección Internacional y de otro derivado del proceso de regularización que impulsa el Gobierno. En consecuencia, la protección internacional "estará vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)", han explicado fuentes ministeriales.
El dictamen también sugiere aclarar la definición de "vulnerabilidad", para que el concepto afecte exclusivamente a personas inmigrantes que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten al menos cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud.
Requisitos ineludibles: antecedentes penales y orden público
El Gobierno ha reiterado que "carecer de antecedentes penales" constituye "uno de los requisitos ineludibles" del proceso de regularización. Además, se exige que los solicitantes "no supongan una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública", extremos que serán objeto de verificación administrativa previa a la concesión del permiso.
El Ejecutivo celebra el dictamen y trabaja en su incorporación
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han celebrado el dictamen del Consejo de Estado y han asegurado que sus "recomendaciones" caminan en la misma línea del texto original y "respetan la esencia" del mismo. El departamento que encabeza Elma Saiz ha añadido que el informe "valora positivamente" los objetivos de la norma: "integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa".
El dictamen también elogia que las personas desplazadas por la guerra en Ucrania no necesiten acudir a este procedimiento, al disponer de "un cauce específico para ellos". Asimismo, "subraya" que la normativa ponga "especial atención" en los "hijos menores" de los migrantes, que podrán beneficiarse del proceso de regularización, así como en "otros familiares estrechos".
Próximos trámites y publicación en el BOE
Una vez recabado el dictamen favorable del Consejo de Estado, el real decreto deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y, posteriormente, publicado en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor. Aunque el organismo ha remitido ya su informe al Ministerio, no se procederá a su publicación oficial hasta que finalice todo el proceso administrativo, según explican fuentes del órgano consultivo.
Antecedentes: la Iniciativa Legislativa Popular
Esta regularización retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox. La propuesta, sin embargo, permaneció bloqueada en la tramitación parlamentaria, lo que llevó al Ejecutivo a optar por la vía reglamentaria urgente para dar curso a la medida.
Fuentes: Europa Press, Consejo de Estado, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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