El Consejo de Ministros celebrado este martes 21 de abril ha autorizado la firma de un tratado internacional de cooperación policial con República Dominicana, un acuerdo que busca fortalecer la colaboración en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia transnacional. La decisión llega en un momento de alta sensibilidad política, cuando varios casos de corrupción investigados en España tienen como escenario el país caribeño.
El tratado, aprobado mediante real decreto, tiene como objetivo "fortalecer, profundizar y desarrollar la cooperación policial entre los dos países, así como prevenir y poner freno a la actuación del terrorismo y de la delincuencia organizada mediante la mutua colaboración". Según el texto oficial, la cooperación se extenderá a tipos delictivos como terrorismo, violencia de género, tráfico de drogas, trata de seres humanos y delincuencia organizada.
La ironía del timing: cooperación policial con el foco puesto en la corrupción
La aprobación del acuerdo genera preguntas sobre su oportunidad política. Cuando las miradas de varios casos de corrupción en España se dirigen hacia República Dominicana, la firma de un tratado de cooperación policial puede interpretarse de múltiples formas: como una herramienta legítima de lucha contra el crimen transnacional o como un mecanismo de control de flujos informativos sensibles.
El acuerdo establece mecanismos de intercambio de información, formación conjunta de efectivos, operaciones coordinadas y asistencia técnica recíproca. Pero la pregunta que flota en el ambiente es otra: ¿facilitará este tratado el acceso a investigaciones que podrían afectar a actores políticos españoles?
Vivanta Dental: 40 millones públicos con devolución incierta
El mismo Consejo de Ministros ha autorizado la novación de los préstamos concedidos por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a Aestes Dental (anteriormente Vivanta), IMASA Ingeniería y Vicinay Marine. En el caso de Vivanta, la ayuda pública ascendió a 40 millones de euros, canalizados a través de un préstamo participativo de 20,4 millones y un préstamo ordinario de 19,6 millones.
La medida permite la "recalendarización de la deuda y la conversión parcial del préstamo participativo en ordinario", según el comunicado oficial. El FASEE flexibiliza así los términos de la financiación para que las compañías puedan "reestructurar su deuda y recuperar su senda de viabilidad, sin merma de los caudales públicos", afirma el texto.
Pero la realidad es que no existen noticias sobre la devolución efectiva de estos fondos. Y cuando el dinero público se presta sin garantías sólidas de retorno, la pregunta es inevitable: ¿quién asume el riesgo?
Cataluña: 280 millones más de deuda garantizada por el Estado
El Ejecutivo ha aprobado dos nuevos acuerdos que autorizan a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento. El primero permite la contratación de deuda a largo plazo por un importe máximo de 220.000.000 de euros. El segundo autoriza el otorgamiento de garantías en 2026 por un valor máximo de 60.323.581,37 euros.
En total, 280.323.581 euros adicionales que el Estado español garantiza con los impuestos de todos los contribuyentes. La deuda catalana crece semana tras semana, y quien responde ante los acreedores es el Estado, no la Generalitat. Un mecanismo que transfiere el riesgo financiero de una administración a otra, diluyendo la responsabilidad fiscal.
Tráfico: 29,4 millones extra en lo que va de año
La Jefatura Central de Tráfico ha recibido un nuevo suplemento de crédito por importe de 29.400.000 euros para atender "insuficiencias en el capítulo 6 de inversiones reales". Es el cuarto suplemento que recibe este organismo autónomo en lo que llevamos de año, una señal de que la planificación presupuestaria no está funcionando como debería.
Cuando un organismo requiere inyecciones constantes de liquidez fuera de los Presupuestos Generales, la pregunta es obligada: ¿existen déficits estructurales no detectados? ¿O se trata de una gestión que no anticipa sus necesidades reales?
Nombramientos: la maquinaria del poder sigue girando
El Gobierno ha aprovechado el Consejo de Ministros para nombrar dos nuevos embajadores: José Luis Pardo Cuervo en el Reino Hachemí de Jordania y Miguel María de Lucas González en la República Libanesa. Dos destinos complejos en una región en llamas, donde la diplomacia española tendrá que jugar un papel delicado en los próximos meses.
También se han designado el jefe del Mando Aéreo General, el director general de Protección Civil y Emergencias, y la secretaria de Estado de Política Territorial. Altos cargos con retribuciones cuantiosas que se suman a la estructura del Estado.
Las piezas del tablero
Cuando se observa en conjunto la actividad del Consejo de Ministros, emerge un patrón: decisiones que mueven dinero público, que autorizan deuda, que renuevan compromisos financieros y que establecen nuevas relaciones internacionales. Todo ello sin Presupuestos Generales aprobados, sin control parlamentario efectivo y con un poder legislativo bloqueado.
El Ejecutivo funciona como el único ente con capacidad real de decisión. Y en ese contexto, cada real decreto, cada acuerdo, cada nombramiento tiene un peso específico mayor del que tendría en circunstancias normales.
Lo que no dice el comunicado
Detrás de los titulares oficiales hay preguntas que quedan sin respuesta. ¿Por qué ahora un tratado policial con República Dominicana? ¿Qué garantías existen sobre la devolución de los 40 millones a Vivanta? ¿Hasta cuándo podrá Cataluña seguir endeudándose con respaldo del Estado? ¿Por qué Tráfico necesita suplementos constantes?
Las respuestas no están en los comunicados de prensa.
Están en la voluntad política de transparentar decisiones que afectan a millones de contribuyentes.
Y esa voluntad, cuando no existe, se sustituye con silencio.
Fuentes: The Objective, Consejo de Ministros (21 de abril de 2026), reales decretos de nombramiento y acuerdos de financiación, Ministerio de Asuntos Exteriores, FASEE, documentación oficial del BOE
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