Més per Mallorca ha registrado una batería de enmiendas a la Ley Ómnibus en el Parlament balear que propone imponer multas a aquellos establecimientos privados que no garanticen la atención en catalán. La iniciativa, avalada por la Plataforma per la Llengua, pretende recuperar el marco coercitivo que el Gobierno de José Ramón Bauzá eliminó en 2012.
La propuesta nace muerta. El Ejecutivo de Marga Prohens (PP) no tiene intención de aplicar estas sanciones. Pero el debate está servido. Y con él, las preguntas incómodas.
Multas de hasta 4.500 euros por no hablar catalán
Més plantea que la denegación de atención en catalán sea tipificada como una infracción leve en materia de consumo. Esto se traduciría en sanciones que oscilan entre los 300 y los 4.500 euros. Solo se sancionaría cuando implique una denegación del servicio.
La obligación recaería sobre locales con más de tres personas dedicadas a la atención al público. Los nacionalistas defienden que se trata de blindar un «derecho básico» de los consumidores. Pero uno lee esto y se pregunta: ¿desde cuándo un derecho se convierte en obligación para el otro?
La sombra de la Ley Sampol
La medida impulsada por los nacionalistas rescata la esencia de la Ley Sampol de 2001, un texto que estuvo vigente durante más de una década hasta que Bauzá lo fulminó. El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, defiende que recuperar esta norma es una herramienta para «normalizar» la diversidad lingüística. «La normativa tuvo aceptación y no causó problemas; se derogó por una cuestión ideológica», argumenta.
Sin embargo, la realidad de los comercios balears cuenta otra historia. Muchos establecimientos atienden a turistas de todo el mundo. Alemanes, británicos, franceses, italianos. ¿Deben todos ellos aprender catalán para ser atendidos? ¿O deben los comerciantes dominar todas las lenguas posibles para evitar multas?
Más allá del comercio: documentación y sanidad
Los ecosoberanistas de Més quieren ir más lejos. Pretenden blindar el catalán en la documentación comercial: facturas, presupuestos y contratos deberían estar disponibles obligatoriamente en esta lengua. También proponen que las empresas que opten a concursos públicos garanticen el uso del catalán en los servicios que presten.
En el ámbito sanitario, la propuesta busca acabar con las exenciones generalizadas del catalán para médicos y enfermeros. Solo se permitiría la exención en especialidades con déficit real de profesionales. Además, plantean un «plan de acogida» para sanitarios llegados de fuera de las islas para facilitar su «integración» lingüística.
Las preguntas que quedan flotando
¿Es legítimo usar multas para promover una lengua? También cabe preguntarse: ¿quién decide cuándo se ha denegado el servicio? ¿Un cliente que exige ser atendido en catalán y no lo consigue puede denunciar? ¿Qué pruebas se requieren?
¿Cómo afecta esta medida a la competitividad de los comercios balears? En una economía dependiente del turismo, ¿no corre el riesgo de generar fricciones innecesarias con visitantes que no conocen la lengua?
¿Dónde está el límite entre proteger una lengua y imponerla? La Constitución reconoce el castellano como lengua oficial del Estado. Las lenguas cooficiales tienen protección en sus territorios. Pero la coerción económica para usar una lengua concreta, ¿no contradice el espíritu de libertad que debe regir las relaciones comerciales?
El contexto político balear
La propuesta de Més se enmarca en una pugna más amplia por el modelo lingüístico en Baleares. El Gobierno de Prohens, con apoyo de Vox, ha impulsado políticas que los nacionalistas califican de «rebajas al catalán». La batalla por la lengua es, en el fondo, una batalla por el relato. Por quién define la identidad de las islas.
Pero hay una diferencia entre promover y obligar. Entre incentivar y sancionar. Entre educar y multar.
La libertad que se negocia en silencio
Al final, cuando un comercio es multado por no atender en una lengua concreta, algo se ha roto. La relación entre administración y ciudadano. La idea de que el mercado se regula por la oferta y la demanda, no por decretos lingüísticos.
Los comerciantes balears ya tienen suficientes desafíos: competencia, costes, turismo estacional, burocracia. Añadir multas por cuestiones lingüísticas no resuelve problemas. Crea otros nuevos.
La lengua se defiende usándola. No prohibiendo la otra. Se promueve con educación, con incentivos, con ejemplo. No con sanciones.
Queda por ver si esta propuesta prospera en el Parlament o si se queda en un gesto político. También está por saberse cómo reaccionarían los comercios si finalmente se aprobara. ¿Cumplirían? ¿Buscarían resquicios legales? ¿O simplemente cerrarían?
La lengua es cultura. Es identidad. Es patrimonio. Pero cuando se convierte en moneda de cambio político, cuando se usa para dividir en lugar de unir, cuando se impone en lugar de compartir, pierde algo esencial.
Su capacidad de sumar.
Fuentes: El Debate, Ultima Hora, Parlament de les Illes Balears, Més per Mallorca, Plataforma per la Llengua
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