La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha intensificado su presión sobre las grandes eléctricas tras el apagón masivo del 28 de abril de 2025. El regulador ha abierto un nuevo expediente "muy grave" contra la central nuclear de Cofrentes, propiedad de Iberdrola, que se suma al iniciado días antes contra Almaraz. Ambos casos podrían implicar sanciones de hasta 60 millones de euros cada uno, lo que incrementa la presión sobre Iberdrola, la compañía con más procedimientos abiertos en esta investigación.
El expediente contra Cofrentes, notificado con fecha del 23 de abril, afecta a Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear por un posible incumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico, relacionado con la reducción de producción sin autorización o fallos en la disponibilidad de la instalación. Se trata del tercer expediente "muy grave" dentro de esta investigación, después de los abiertos contra Almaraz y Red Eléctrica de España.
El alcance de la investigación: 56 expedientes en marcha
La investigación de la CNMC ha crecido de forma significativa en las últimas semanas. El pasado viernes, el regulador abrió 35 nuevos expedientes, que se suman a los 20 incoados la semana anterior. En total, ya hay 56 procedimientos en marcha relacionados con el apagón que dejó sin suministro a toda la Península Ibérica y parte del País Vasco francés.
Iberdrola y Endesa concentran la mayoría de los casos. Iberdrola suma alrededor de 18 expedientes recientes, además de los anteriores, mientras que Endesa acumula unos 12 nuevos. Entre ambas compañías rondan los cuarenta procedimientos. Otros casos afectan a empresas como Engie, TotalEnergies o instalaciones nucleares como Ascó-Vandellós —liderada por Endesa—, aunque en estos casos las infracciones se han calificado como "graves", no "muy graves".
Red Eléctrica de España, el operador del sistema eléctrico gestionado por la exministra socialista Beatriz Corredor, también cuenta con un expediente "muy grave" por posibles fallos en la programación del sistema el día del apagón.
El marco sancionador: plazos y cuantías
La CNMC ha aclarado que la apertura de estos expedientes no implica que las empresas sean responsables directas del apagón, cuyo origen fue multifactorial. Tampoco prejuzga el resultado final de las investigaciones. Los procedimientos pueden durar entre 9 y 18 meses, periodo durante el cual las compañías podrán presentar alegaciones y aportar documentación técnica.
En los casos calificados como "muy graves", las sanciones pueden alcanzar hasta 60 millones de euros por infracción. En los expedientes "graves", el límite se sitúa en 6 millones de euros. Estas cuantías, establecidas en la Ley del Sector Eléctrico, buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, control y respuesta ante incidencias críticas.
La pregunta que define el debate: ¿quién paga al final?
Más allá del expediente sancionador, persiste una cuestión estructural que trasciende lo jurídico: cuando las eléctricas enfrentan sanciones millonarias, ¿quién asume finalmente el coste? La experiencia histórica del sector eléctrico español indica que los costes extraordinarios tienden a repercutirse en las tarifas reguladas o en los precios de mercado. No se trata de una teoría, sino de un patrón documentado: cada crisis del sistema —ya sea por fallos técnicos, sequía o conflictos geopolíticos— termina traducida en euros adicionales en la factura del consumidor.
Las sanciones, si se confirman, ingresarán en las arcas públicas. Pero el impacto económico del apagón —paradas productivas, daños a equipos, pérdidas comerciales— ya ha sido asumido por empresas y hogares. Y cuando las compañías energéticas enfrentan costes extraordinarios, disponen de mecanismos regulatorios que les permiten recuperar parte de esos gastos a través de revisiones tarifarias o ajustes en los mercados mayoristas.
Este mecanismo de repercusión no es automático ni universal, pero existe. Y cuando existe, la pregunta es inevitable: ¿cumplen las sanciones una función disuasoria real si el coste final lo asume quien no tuvo responsabilidad en el fallo?
La conclusión técnica
La investigación de la CNMC sobre el apagón del 28A/2025 representa el mayor despliegue sancionador en la historia reciente del sector eléctrico español. Con 56 expedientes en marcha, tres de ellos calificados como "muy graves", el regulador envía un mensaje claro sobre la importancia de garantizar la seguridad del suministro. Sin embargo, la efectividad de estas sanciones dependerá no solo de su cuantía, sino de su capacidad para modificar incentivos estructurales. Si el diseño del mercado permite que los costes de las infracciones se trasladen a los consumidores, el efecto disuasorio se diluye. La prevención real exige, además de sanciones, inversión en mantenimiento, protocolos de respuesta robustos y una planificación que anticipe riesgos sistémicos. Mientras ese debate de fondo no se aborde con rigor, los apagones seguirán siendo inevitables. Y su coste, como siempre, terminará repartiéndose entre quienes menos pueden decidir: los consumidores.
Fuentes: El Confidencial, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ley del Sector Eléctrico, documentación sobre el apagón del 28 de abril de 2025, Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica de España
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