El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la Policía Nacional no ha sido apartada del proceso de regularización de migrantes y que ningún extranjero con antecedentes penales o que represente un peligro para la seguridad pública obtendrá permiso de residencia. La declaración responde a las críticas del Partido Popular, que acusó al Ejecutivo de impulsar una "regularización en masa" al margen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Durante la sesión de control, la diputada popular Ana Belén Vázquez cuestionó la orden enviada a los centros penitenciarios para facilitar la tramitación de solicitudes de regularización entre internos extranjeros. Según Vázquez, esta medida resulta incoherente con el discurso oficial y supone una "externalización" de funciones que corresponden en exclusiva a la Policía Nacional.
El papel de los informes policiales en la valoración de solicitudes
Marlaska ha sido contundente al respecto: "No se aparta a la Policía. La migración y la regularización son un conjunto de intervención de todo el Gobierno y de distintos departamentos ministeriales". El ministro ha subrayado que la decisión final sobre cada expediente se adoptará teniendo en cuenta los informes elaborados por la Policía Nacional, que evaluarán si el solicitante representa una amenaza para el orden público, la seguridad interior o las relaciones internacionales.
La normativa aprobada establece que la existencia de antecedentes policiales no supondrá, por sí misma, causa automática de denegación. Será el órgano competente quien valore de forma casuística cada situación. Sin embargo, Marlaska ha insistido en que "no se va a regularizar a nadie que tenga antecedentes penales", una afirmación que el PP considera incompatible con la flexibilidad que introduce el real decreto.
Correos y Tragsa en la gestión documental: polémica por la externalización
Otro punto de fricción ha sido la participación de Correos y la empresa pública Tragsa en la recepción y verificación inicial de documentación. La diputada popular ha calificado esta decisión de "papeles para todos y policías para nada", al tiempo que ha recordado presuntas irregularidades en la gestión de Tragsa durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
El Gobierno defiende que la implicación de estos actores responde a un objetivo de agilización administrativa, no de sustitución de competencias policiales. La Policía Nacional intervendrá cuando los funcionarios encargados de la primera fase detecten anomalías o indicios de falsedad documental.
Criminalidad y migración: los datos que enfrenta el debate
En su réplica, Marlaska ha pedido a la oposición que no extienda "bulos xenófobos" y ha aportado datos para contextualizar el debate. Según el ministro, la población migrante en España ha crecido un 10% en los últimos años, mientras que la criminalidad ha descendido un 10% en la última década. Una correlación que, a su juicio, desmiente el vínculo automático entre inmigración y delincuencia.
El ministro ha aprovechado también para responder a las alusiones al exministro José Luis Ábalos remitiéndose al 'caso Kitchen', en el que el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó recursos policiales para investigar a adversarios políticos. "Que cada uno asuma sus responsabilidades", ha sentenciado.
El fondo del asunto
Cuando un proceso de regularización moviliza cientos de miles de expedientes, la tensión entre agilidad y garantías es inevitable. La pregunta no es si debe regularizarse, sino cómo hacerlo sin comprometer la seguridad jurídica ni la confianza ciudadana.
Los informes policiales son una herramienta clave. Pero su utilidad depende de que lleguen a tiempo, de que se valoren con rigor y de que la decisión final responda a criterios técnicos, no políticos.
Y en materia migratoria —como en tantas otras—, la credibilidad no se construye con declaraciones.
Se construye con hechos.
Fuentes: Europa Press, Ministerio del Interior, sesión de control en el Congreso de los Diputados, declaraciones de Fernando Grande-Marlaska y Ana Belén Vázquez
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