Profesionales de RTVE han denunciado este miércoles la apertura de expedientes disciplinarios contra trabajadores críticos con la dirección del ente público, apenas horas después de hacerse públicos los resultados de la gran consulta interna sobre sesgo y manipulación en la corporación. Según fuentes consultadas por este medio, el movimiento se interpreta como un intento de silenciar las voces disidentes tras el contundente rechazo de la plantilla a programas como Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano, formatos de infoentretenimiento señalados por incumplir el manual de estilo y, en algunos casos, por difundir información falsa con sentencias judiciales en firme.
El trabajador afectado, que mantiene su anonimato por temor a represalias laborales, se enfrenta a un proceso interno que se resolverá en los próximos días. Según las fuentes, acudió a declarar sin conocer el contenido concreto de la acusación, una circunstancia que ha alimentado la sensación de inseguridad jurídica entre la plantilla. "El expediente es un aviso a navegantes: quien no guarde silencio podría terminar sin trabajo", aseguran profesionales del ente.
La consulta que incomodó: 24 de abril como punto de inflexión
La consulta interna fue promovida por el Consejo de Informativos de TVE, órgano de control profesional cuya misión es garantizar la independencia, objetividad y veracidad de la información. Los resultados, hechos públicos el pasado 24 de abril, reflejaron un rechazo mayoritario a la deriva de ciertos formatos y a la percepción de parcialidad informativa favorable al Gobierno.
Para las fuentes consultadas, la coincidencia temporal entre la publicación de esos resultados y la apertura de expedientes no es casual. "Han saltado a la palestra acusando de mala praxis informativa a RTVE, y el expediente surge en medio del atronador resultado de la consulta", explican. La tensión se ha agravado con denuncias recientes del propio Consejo de Informativos sobre campañas de desprestigio que incluirían seguimientos y grabaciones fuera de las instalaciones de la corporación.
La versión de la dirección: "Procedimiento habitual, sin relación con la consulta"
Fuentes de la dirección de RTVE consultadas por este medio niegan cualquier vínculo entre el expediente abierto y la consulta interna promovida por el Consejo de Informativos. Explican que, ante toda denuncia recibida, se activa el procedimiento reglamentario: entrevistas personales, informe final y, en su caso, medidas disciplinarias. "Se activa con todas las denuncias", señalan, añadiendo que el proceso puede terminar archivado sin consecuencias para el denunciado.
Las mismas fuentes precisan que los hechos investigados se remontan al otoño de 2025, meses antes de la encuesta entre trabajadores. Sin embargo, esta explicación no ha calmado los ánimos en una plantilla que percibe una escalada de presión contra quienes cuestionan la línea editorial de la dirección.
Guerra interna: politización y elecciones en el horizonte
Tras el expediente se abre un frente más amplio: la politización de los contenidos en un ente público que, por ley, debe garantizar la neutralidad informativa. Trabajadores consultados denuncian que "el objetivo final es uniformizar la información de cara a las elecciones generales", en referencia al pulso que mantienen ciertos sectores de la plantilla con la dirección.
El Consejo de Informativos, por su parte, ha protagonizado en los últimos meses varias movilizaciones contra lo que considera una deriva manipuladora. En un episodio insólito, el Consejo de Administración de RTVE llegó a pedir rectificaciones sobre resoluciones recientes del órgano de control profesional, una injerencia que, según los afectados, vulnera la independencia del mecanismo de garantía informativa.
Lo que está en juego: independencia o sumisión
Más allá del caso concreto, el episodio refleja una tensión estructural en los medios públicos: ¿puede un ente financiado con dinero público mantener su independencia editorial cuando la dirección responde a criterios políticos? La Ley de RTVE establece principios de objetividad y pluralismo, pero su aplicación depende de la voluntad de quienes gestionan el ente.
Cuando los trabajadores que denuncian sesgos se enfrentan a expedientes disciplinarios, el mensaje que se transmite —intencionado o no— es claro: la crítica interna tiene un coste. Y cuando el coste es el puesto de trabajo, el silencio se convierte en la opción más segura.
La reflexión que obliga a pensar
Un medio público no es un altavoz del Gobierno de turno. Es un servicio a la ciudadanía, financiado con sus impuestos, cuya razón de ser es informar con rigor, sin sesgos ni consignas. Cuando la dirección de un ente público abre expedientes a quienes cuestionan su gestión editorial, no solo se juega la credibilidad de un programa o de un directivo.
Se juega la confianza de millones de personas que esperan de RTVE información veraz, no propaganda disfrazada de entretenimiento.
La independencia no se garantiza con leyes en el papel.
Se garantiza con hechos: con protección real a quien denuncia, con transparencia en la gestión y con respeto a los órganos de control profesional.
Mientras eso no ocurra, el terror —como lo llaman quienes lo sufren— seguirá siendo una opción cómoda para quien prefiere el silencio a la verdad.
Fuentes: The Objective, Consejo de Informativos de TVE, declaraciones de trabajadores de RTVE, documentación sobre la consulta interna del 24 de abril de 2026, manual de estilo de RTVE, sentencias judiciales sobre información falsa en programas de la corporación
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