Los saharauis residentes en España han anunciado que acudirán a la vía judicial si se les impide acceder al real decreto de regularización extraordinaria aprobado la semana pasada. Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), presentará solicitudes de personas de la antigua colonia con la intención de acogerse a la normativa, a pesar de que el texto definitivo excluye expresamente a los apátridas, condición que ostenta la mayoría de los ciudadanos saharauis.
La medida, que podría beneficiar a más de 500.000 inmigrantes irregulares, contempla la normalización de quienes solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026 o acrediten residencia en España antes de esa fecha junto con requisitos de trabajo, familia o vulnerabilidad. Sin embargo, el Gobierno ha explicado que los apátridas cuentan con un estatuto específico al que deberán acogerse, una decisión que ha generado rechazo inmediato entre colectivos prosaharauis y juristas especializados.
La exclusión que divide opiniones
El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, recomendó no incluir a los apátridas en la misma disposición que los solicitantes de asilo, argumento que ha servido de base para su exclusión del texto final. Fatma El Galia considera que se trata de una actuación discriminatoria y que "no hay fundamentos jurídicos que justifiquen" esa decisión. Los apátridas figuraban en borradores previos del real decreto, pero desaparecieron en la versión definitiva.
La abogada especializada en extranjería señala que, de media, las gestiones para conseguir el estatus de apátrida se demoran cuatro años, tiempo durante el cual los saharauis "carecen de todo derecho básico". Su estrategia pasa por solicitar la regularización al amparo del supuesto de vulnerabilidad, recogido en la disposición adicional vigesimoprimera del real decreto. Esta vía permite una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales para quienes llegaron a España antes del 1 de enero y acrediten aislamiento social, sinhogarismo, carencia de ingresos suficientes o riesgos psicosociales, entre otros doce supuestos.
El papel de las entidades colaboradoras
Las encargadas de validar estas situaciones de vulnerabilidad serán las entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex), como Cruz Roja. La Policía Nacional ha sido excluida del proceso de verificación, una decisión que ha generado alertas entre expertos consultados, quienes advierten de que la falta de controles especializados podría convertir la norma en un mecanismo poco riguroso.
Fatma El Galia sostiene que los saharauis que residen en España podrían acogerse al requisito de vulnerabilidad independientemente de su reconocimiento formal como apátridas. El problema de fondo, incide, es que mientras se resuelve su estatus jurídico, permanecen "desprotegidos". La secretaria de Aprase considera que negar la regularización extraordinaria a los ciudadanos de la antigua colonia supone un agravio comparativo respecto a otros colectivos en situación similar.
La sombra de Marruecos en la decisión
Asociaciones prosaharauis y formaciones como Sumar, con presencia en el Consejo de Ministros, sospechan que la exclusión responde a presiones de Marruecos. El Frente Polisario ha criticado la decisión porque "condena" a los saharauis a un limbo jurídico: se les impide trabajar y cotizar para pagar los servicios públicos de los que, hasta ahora, no pueden beneficiarse.
España vivió un enfrentamiento diplomático con Marruecos en 2021 tras acoger y tratar durante la pandemia al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de La Rioja. El episodio provocó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y la retirada temporal de la embajadora marroquí en Madrid. Desde entonces, las relaciones entre ambos países han transitado por una delicada línea de equilibrios.
Los saharauis concentran el grueso de las solicitudes de apátrida en España. En 2024 realizaron el 71% de las peticiones, aunque en años anteriores el porcentaje llegó a alcanzar el 96%. Esta concentración refleja la singularidad de un colectivo vinculado históricamente a España por lazos coloniales, lingüísticos y afectivos.
El camino judicial: de primera instancia al Constitucional
Fatma El Galia ha anunciado que, en caso de denegación, presentará recursos contencioso-administrativos que podrían escalar hasta el Tribunal Supremo. Otros juristas consideran que el caso podría elevarse al Tribunal Constitucional al suponer una vulneración de derechos fundamentales de personas que residen en territorio español.
La vía judicial no es la única opción sobre la mesa. Colectivos prosaharauis estudian también acciones de incidencia política y movilización social para visibilizar una exclusión que consideran injusta y contraria al espíritu de la norma.
El contexto histórico que pesa
El Sáhara Occidental fue colonia española entre 1884 y 1975. En las últimas dos décadas llegó a ser considerada la provincia número 53 de España. Su proceso de descolonización se interrumpió cuando nuestro país lo abandonó tras la Marcha Verde marroquí. Hoy, Marruecos ocupa gran parte de su extensión, uno de los 17 territorios no autónomos en el mundo bajo supervisión de la ONU.
En los últimos años, numerosos saharauis han solicitado sin éxito recuperar la nacionalidad española, un trámite que choca con la legislación vigente y con la voluntad política de no abrir un precedente que pudiera tener repercusiones diplomáticas.
Lo que está en juego
Cuando una norma de regularización excluye a un colectivo con vínculos históricos con España, la pregunta no es solo jurídica: es ética. ¿Puede un país cerrar la puerta a quienes comparten lengua, cultura y memoria, mientras abre ventanas a otros perfiles? ¿Dónde se traza la línea entre gestión ordenada de flujos y responsabilidad histórica?
La respuesta judicial llegará en su momento. Pero mientras tanto, miles de personas siguen esperando. No piden privilegios. Piden igualdad. Y la igualdad, cuando se deniega sin motivos técnicos sólidos, deja huella.
Fuentes: The Objective, Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), real decreto de regularización extraordinaria, Consejo de Estado, declaraciones de Fatma El Galia, Frente Polisario, datos de solicitudes de apátrida del Ministerio de Inclusión
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