El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha puesto sobre la mesa una propuesta para que el Estado destine 2.000 millones de euros a la compra masiva de viviendas, incluidas las de particulares, ante los largos plazos que supone la construcción de nuevos inmuebles en el parque público.
En una entrevista concedida a Europa Press, Ibáñez ha enfatizado el momento «histórico» que vive el país en lo relativo a la crisis de la vivienda, con precios cada vez más elevados tanto en alquiler como en compra como consecuencia, entre otros factores, de la participación de grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario y la proliferación de apartamentos turísticos.
Este escenario, ha alertado el diputado, ha obligado a una de cada tres personas que vive de alquiler a cambiar de barrio forzosamente en el último año, algo que considera «gravísimo» porque «rompe el tejido social del barrio».
La receta: comprar en lugar de construir
Por ello, ha repasado algunas de las propuestas que a su juicio podrían paliar esta crisis: el decreto de prórroga de alquileres, prohibir a «fondos buitre» comprar viviendas, limitar los apartamentos turísticos y, por último, destinar dinero público a la compra de inmuebles.
«Construir y licitar obra pública es profundamente pesado y tardío. No tenemos tiempo en construir, hay que comprar lo que ya existe, y esto lo puede hacer la ministra de vivienda», ha dicho Ibáñez. Ha apuntado que una buena ocasión para que el Estado intervenga es cuando un «fondo buitre» quiere deshacerse de su cartera de activos para vendérselos a otro fondo.
No hace falta construir más, dice Sumar
Sobre ese último punto, Ibáñez ha reprochado que la receta socialista para el mercado de la vivienda se base principalmente en una mayor oferta del parque público, ya que entiende que no hace falta construir más vivienda pública: «En nuestro país no hace falta construcción de vivienda pública. Estamos por encima de Europa en vivienda por habitante. Lo que hay que hacer es una compra masiva de vivienda pública».
De hecho, el portavoz adjunto del grupo plurinacional ha advertido que el impulso a la construcción de vivienda pública en las décadas de los 80 y los 90 «supuso construir guetos» por marginarse estas casas a barrios más periféricos.
Por estos motivos, Ibáñez se inclina por una compra masiva y empezar a dar solución cuanto antes al problema de la vivienda. Ha asegurado que el Ministerio de Isabel Rodríguez tiene posibilidades para hacerlo, puesto que si hay dinero «para la guerra» también debería haberlo para una compra «masiva de vivienda». «¿Por qué no se pueden poner 2.000 millones de euros encima de la mesa para comprar vivienda que ya está construida y que mañana mismo puede ser útil?», ha propuesto.
Las contradicciones de la propuesta
Uno lee esto y se hace preguntas. Si el problema son los fondos de inversión que compran viviendas para especular, ¿cómo se soluciona comprándoles esas mismas viviendas con dinero público? ¿No es trasladar el dinero de todos a los mismos que generan el problema?
También cabe preguntarse: ¿quién decide qué viviendas se compran? ¿A qué precio? ¿Con qué criterios? Si un fondo quiere vender una cartera de pisos en una zona cara, ¿el Estado paga el precio de mercado o negocia? Si paga el precio de mercado, ¿no está asumiendo la plusvalía especulativa con dinero público?
Y si no paga el precio de mercado, ¿quién vende? Los particulares no están obligados a malvender. Los fondos, menos.
El debate sobre la Ley de Vivienda
Ibáñez ha afirmado compartir la tesis de que la Ley de Vivienda ha fracasado por su falta de aplicación ante la negativa de las autonomías del PP, pero ha descartado llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución para que el Estado asuma las competencias en materia de vivienda.
«Yo no comparto la aplicación del 155, creo que en la política hay que ser coherente y lo que no podemos es utilizar subterfugios cuando nos interesa y criticamos en otros casos», ha respondido. No obstante, considera que hay «margen» de actuación y las soluciones pasan por que las izquierdas a la izquierda del PSOE «aprieten más y mejor» en los ámbitos autonómicos.
Por ejemplo, ha recordado que él mismo defendió una proposición de ley en el Congreso para prohibir a fondos de inversión comprar viviendas, algo que sería de competencia estatal, y el PSOE se abstuvo. También ha asegurado que el ala socialista del Gobierno tiene competencias para hacer que los contratos de alquiler sean indefinidos y no lo hace.
El llamamiento a los inquilinos
Entre las recetas que Sumar propone se encuentra la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, medida aprobada en decreto ley y ya en vigor, pero que PP, Vox y Junts pretenden tumbar cuando llegue al Congreso.
El diputado de Compromís ha hecho un llamamiento a todos los inquilinos a que pidan la prórroga porque ahora mismo está en vigor. Sobre las posibilidades de aprobar el decreto ley, Ibáñez ha criticado que los socialistas se están «poniendo de perfil» y ha avisado: «Se equivocan».
«Yo creo que la ministra no solamente no debe ponerse de perfil, sino que tiene que asumir que es la principal tarea que tiene su Ministerio», ha apostillado. Ha avisado a Isabel Rodríguez que si cree que su tarea consiste en reprochar la política «nefasta» que hace el PP en sus comunidades autónomas lo que tendría que hacer es «disolver el ministerio».
Las preguntas que quedan flotando
¿Es sostenible financiar la compra de viviendas con 2.000 millones de euros sin un plan claro de gestión posterior? ¿Quién mantendrá esos pisos? ¿Quién los asignará? ¿Con qué criterios?
También cabe preguntarse: ¿qué pasa con las viviendas que ya son públicas? ¿Están todas ocupadas? ¿Se mantienen en buen estado? ¿O primero habría que optimizar lo que ya hay antes de comprar más?
¿Cómo se evita que esta medida incentive a los propietarios a subir precios, sabiendo que el Estado está dispuesto a comprar?
La ironía de financiar la especulación
Al final, la propuesta de Sumar parte de una premisa correcta: la vivienda es un derecho y el mercado no está resolviendo el problema. Pero la solución que plantea tiene una contradicción de fondo.
Si compras viviendas a fondos de inversión con dinero público, estás usando los impuestos de todos para rescatar a los mismos actores que han contribuido a encarecer el mercado. Estás convirtiendo la especulación privada en activo público. Y eso, a largo plazo, puede tener efectos perversos.
Porque si los fondos saben que el Estado es un comprador dispuesto, ¿qué les impide inflar precios? ¿Qué les impide esperar a que el Estado compre para vender más caro? ¿Qué les impide repetir el modelo?
El futuro de la vivienda pública
Queda por ver si esta propuesta prospera o si se queda en un globo sonda. También está por saberse cómo reaccionará el PSOE ante una medida que implica un gasto tan elevado y una intervención tan directa en el mercado.
Lo que está claro es que la crisis de vivienda no se resuelve con una sola medida. Ni con compras masivas. Ni con prórrogas de alquiler. Ni con prohibiciones a fondos. Se necesita un enfoque integral. Que combine oferta pública, regulación del alquiler, control de la turistificación y fiscalidad progresiva.
Y sobre todo, se necesita tiempo. Porque la vivienda no es un problema que se solucione de un día para otro. Es estructural. Y las soluciones estructurales requieren paciencia. Y coherencia.
Los 2.000 millones de euros que propone Sumar son mucho dinero. Dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos. Dinero que podría destinarse a otras prioridades. Dinero que, si se gasta mal, no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava.
La vivienda es un derecho. Pero los derechos no se financian con buenas intenciones. Se financian con planes sólidos. Con transparencia. Con resultados.
Y eso, de momento, es lo que falta.
Fuentes: The Objective, Europa Press, declaraciones de Alberto Ibáñez, Sumar, Compromís
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