Orange acaba de registrar en el BORME la creación de Orange Cyberdefense España, una filial especializada en ciberseguridad que aterriza en el territorio nacional con un objetivo claro: competir por los jugosos contratos públicos que el Gobierno central aprobó hace un año para proteger las instituciones frente a ciberataques. El paquete: 1.157 millones de euros. El contexto: un plan nacional de defensa dotado con 10.471 millones para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar.
La nueva filial no depende de MasOrange —la teleco surgida de la fusión entre Orange España y MásMóvil—, sino que cuelga directamente de la división francesa de ciberseguridad del grupo. Al frente, Sara Puigvert, directiva francoespañola con casi dos décadas de experiencia en París y vicepresidenta de Operaciones Globales del negocio desde 2020. Una apuesta estratégica, no una expansión comercial cualquiera.
La ciberseguridad como "bomba de oxígeno" para las telecos
El negocio tradicional de las operadoras —fibra y móvil— vive asfixiado por márgenes reducidos y una guerra de precios que no da tregua. Conseguir nuevos clientes es cada vez más difícil, a menos que se los quites a la competencia. En cambio, la defensa digital ofrece un escenario distinto: crecimiento sostenido, contratos de alto valor añadido y una demanda impulsada por la tensión geopolítica global.
Orange lo vio claro en 2016, cuando creó Orange Cyberdefense. Desde entonces, ha desplegado subsidiarias en una docena de países y ha facturado 1.300 millones de euros en el último ejercicio. Su estrategia: comprar empresas europeas especializadas —SecureLink (515 millones), SecureData, Lexsi, SCRT, Telsys— e integrarlas bajo su marca. Ahora, España entra en el mapa. Sin adquisiciones. Sin intermediarios. Directo al grano.
El pastel público: 1.157 millones para "proteger lo público"
El desembarco de Orange no es casual. Coincide con la distribución de un paquete de 1.157 millones de euros que el Gobierno destina a fortalecer la ciberseguridad de las instituciones públicas. Dinero público. Contratos millonarios. Y una pregunta inevitable: ¿quién se llevará la mayor parte?
El plan forma parte del compromiso de España para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, una meta impulsada por la OTAN y respaldada por Bruselas en un contexto de rearme europeo. La ciberseguridad, en este escenario, no es solo una necesidad técnica: es un negocio estratégico. Y Orange, con su bandera francesa y su estructura paneuropea, se posiciona para captar una porción significativa.
La bandera europea frente a los gigantes estadounidenses
En el mercado global de la ciberseguridad mandan empresas estadounidenses: CrowdStrike, Palo Alto Networks, Mandiant. Para competir en Europa, Orange ondea la bandera comunitaria. No es solo marketing: en medio de las tensiones geopolíticas actuales, Bruselas empuja por lograr una "soberanía digital" que reduzca la dependencia de terceros, especialmente en sectores sensibles como la seguridad y las telecomunicaciones.
Pero la pregunta que pocos formulan es: ¿cambiar dependencia de Washington por dependencia de París o Bruselas resuelve el problema de fondo? ¿O simplemente redistribuye el poder dentro del mismo ecosistema?
Telefónica también se mueve: la carrera está servida
Orange no es la única que huele la oportunidad. Telefónica, a través de su presidente Marc Murtra, ya ha anunciado su intención de invertir en "integrar soluciones de ciberseguridad y cloud en B2B y fortalecer la presencia en productos de defensa". El mensaje, lanzado en Davos y ratificado en su junta de accionistas, deja claro que la batalla por el mercado de la defensa digital está en marcha.
Dos gigantes. Un mismo objetivo. Y un mismo cliente final: el Estado español, con sus 1.157 millones sobre la mesa.
La reflexión que invita a pensar
Cuando el gasto en defensa se dispara y la ciberseguridad se convierte en prioridad estratégica, las empresas se posicionan. Orange aterriza en España. Telefónica refuerza su apuesta. Los contratos públicos se multiplican. Y la ciudadanía, que financia todo esto con sus impuestos, se pregunta: ¿estamos comprando seguridad real o alimentando un nuevo nicho de negocio?
La protección frente a ciberataques es una necesidad innegable. Pero cuando la seguridad se convierte en mercado, los incentivos cambian. Ya no se trata solo de prevenir riesgos: se trata de generar facturación. Y en ese equilibrio delicado entre interés público y beneficio privado, la transparencia no es un detalle: es la única garantía.
Porque al final, la pregunta no es si Orange o Telefónica son buenas empresas. Es si el modelo de contratación pública, la supervisión de los contratos y la evaluación de resultados están a la altura del desafío. Cuando se juegan más de mil millones de euros, la eficiencia no puede ser una promesa. Tiene que ser una obligación.
Fuentes: El Confidencial, registros del BORME, Orange Cyberdefense, Ministerio de Defensa, plan nacional de ciberseguridad, declaraciones de Marc Murtra (Telefónica), datos de facturación del grupo Orange
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