El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una nueva línea de investigación para determinar si la dirección de la Guardia Civil, bajo el mando de Mercedes González, ejerció presiones para frenar las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) que afectan al entorno político de Pedro Sánchez. Según ha podido saber El Independiente, el magistrado ha enviado agentes de la UCO a recabar información directamente en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno.
El operativo judicial fue dirigido por el teniente coronel Antonio Balas y se ejecutó mientras la directora general del cuerpo, Mercedes González, y el director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, se encontraban en el cuartel de Batalla del Salado asistiendo al acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en Madrid. Una coincidencia temporal que no pasa desapercibida para los observadores del caso.
El núcleo de la pesquisa: presiones internas contra la UCO
La actuación se enmarca dentro de la ampliación de la causa que instruye Pedraz sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez. El objetivo es esclarecer si desde la cúpula del Instituto Armado se impulsaron actuaciones internas contra mandos de la UCO que investigaban asuntos sensibles para el PSOE y el Gobierno.
La hipótesis que maneja el juez es que se habrían utilizado expedientes disciplinarios e investigaciones internas como herramienta de disuasión contra agentes que trabajaban en casos de alto impacto político: el 'caso Mascarillas', el 'caso Koldo' y el propio 'caso Leire'. Fuentes de la Benemérita consultadas señalan que estas diligencias se abrían con la única finalidad de "amedrentar" a los investigadores, generando un clima de sospecha y desconfianza dentro de la unidad.
La conexión Leire Díez-Mercedes González: grabaciones y testimonios
La supuesta vinculación entre la directora de la Guardia Civil y la trama investigada salió a la luz en junio de 2025, cuando saltó el 'caso Leire'. La causa, instruida inicialmente por el juez Luis Zamarriego, investiga una red que la exmilitante socialista habría orquestado para desbaratar operaciones de la UCO que afectaban al PSOE.
Según la investigación, Leire Díez se habría reunido con Mercedes González a finales de 2024 en el despacho de esta en la sede de Guzmán el Bueno. Meses después, afloraron grabaciones de más de tres horas de duración en las que se escucha a Díez presentarse como la persona que "ha puesto el PSOE" para "limpiar" las instituciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. En esos mismos audios, el empresario investigado Javier Pérez Dolset asegura que el presidente del Gobierno ordenó llevar a cabo esta tarea tras la imputación de Begoña Gómez.
Dos personas que asistieron a esas reuniones confirmaron ante el juez que los audios difundidos se corresponden con lo escuchado respecto a la intención de recopilar información contra miembros de la UCO y de la Fiscalía. Testimonios que transforman rumores en indicios.
El método: investigaciones internas como herramienta de control
Más allá de las grabaciones, el juez Pedraz investiga si Mercedes González utilizó otros mecanismos de presión. Según fuentes de la Benemérita, la directora habría ordenado la apertura de varias investigaciones internas dentro de la UCO dirigidas a determinar el origen de supuestas filtraciones a los medios.
El patrón descrito por los agentes consultados es recurrente: cuando un investigador de la UCO avanzaba en una causa sensible, se abría un expediente contra él por presuntas filtraciones. "De repente un compañero tuyo viene a preguntarte si tú has filtrado algo", relatan las fuentes. Un mecanismo que, según denuncian, genera "un plus de sospecha gratuito" y alimenta el malestar dentro de la unidad.
Hasta la fecha, todos estos expedientes se han cerrado sin responsabilidad para nadie. Pero el efecto disuasorio, apuntan, ya se ha producido: frustración, desconfianza hacia la cúpula y una sensación de que investigar ciertos casos tiene un coste profesional.
La UCO bajo exposición máxima
En los últimos dos años, la UCO ha participado en investigaciones judiciales de gran repercusión política y mediática, caracterizadas por su complejidad técnica y por involucrar a responsables públicos o personas vinculadas a altos cargos. Estas causas han situado a la unidad bajo un nivel de exposición sin precedentes.
Cuando una unidad de élite policial se convierte en el centro del debate político, la línea entre la investigación legítima y la interferencia institucional se vuelve difusa. Y cuando quienes deben ser investigados tienen capacidad de influencia sobre quienes investigan, el sistema de contrapesos se resiente.
La pregunta que trasciende el caso: ¿quién vigila a quienes vigilan?
Más allá de los nombres y las grabaciones, el caso plantea una cuestión estructural: ¿cómo se garantiza la independencia de las unidades policiales que investigan al poder político?
La respuesta no es sencilla. Por un lado, la cadena de mando es un principio básico de cualquier cuerpo jerarquizado. Por otro, cuando esa cadena de mando puede utilizarse para frenar investigaciones que afectan a quienes la ostentan, el principio democrático de separación de poderes entra en tensión.
El juez Pedraz no está juzgando aún la culpabilidad de nadie. Está determinando si existen indicios suficientes para que el caso avance. Y en esa fase, la prudencia es obligatoria. Pero también lo es la transparencia: cuando se investiga a la cúpula de un cuerpo de seguridad del Estado, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se investiga, cómo y con qué pruebas.
Lo que viene: plazos, recursos y consecuencias institucionales
La investigación de Pedraz entra ahora en una fase delicada. Los testimonios recabados en Guzmán el Bueno deberán ser contrastados con la documentación oficial y con las declaraciones de los altos cargos implicados. Mientras, la Dirección General de la Guardia Civil ha guardado silencio sobre el operativo judicial.
Pero más allá de lo judicial, el caso tiene repercusiones institucionales inmediatas. La credibilidad de la Guardia Civil como cuerpo apolítico se juega en parte en cómo se resuelva esta investigación. Si se demuestra que hubo presiones desde la cúpula para frenar pesquisas sensibles, la confianza ciudadana en la imparcialidad del Instituto Armado quedará seriamente dañada.
Si, por el contrario, las acusaciones no se prueban, la investigación habrá servido para limpiar el nombre de quienes han sido señalados. Pero en uno u otro caso, el debate está servido: ¿hasta dónde puede llegar la influencia política sobre los cuerpos de seguridad? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos existen para evitar que esa influencia se convierta en obstrucción?
Cuando la independencia policial es la última frontera
El caso que investiga Santiago Pedraz no es solo un procedimiento penal. Es un test de resistencia para el Estado de derecho. Cuando un juez debe investigar si la cúpula de un cuerpo de seguridad intentó frenar investigaciones que afectaban al gobierno, la pregunta no es solo si hay pruebas suficientes. Es si el sistema es capaz de autocontrolarse sin interferencias.
La respuesta no la dará un auto. La dará el tiempo. Y la dará, sobre todo, la ciudadanía: observando, preguntando, exigiendo que la justicia sea igual para todos. No más, no menos.
Fuentes: El Independiente, Audiencia Nacional, documentación judicial intervenida, testimonios de agentes de la UCO y fuentes de la Guardia Civil
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