La Comisión Europea ha enviado un nuevo mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez: es responsabilidad exclusiva de las autoridades españolas verificar, caso por caso, que los inmigrantes que se acojan al procedimiento extraordinario de regularización no representen una amenaza para la seguridad. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha recordado este lunes que las autoridades nacionales pueden —y deben— apoyarse en Europol y en los sistemas europeos de información para detectar posibles riesgos antes de conceder permisos de residencia.
La advertencia llega en un momento delicado: el plazo para solicitar la regularización masiva entra en su último mes, con alrededor de 500.000 personas esperadas. Y con una pregunta de fondo que trasciende lo administrativo: ¿cómo se garantiza la seguridad sin convertir el procedimiento en un filtro burocrático que excluya a quienes más lo necesitan?
La pregunta que originó la respuesta: antecedentes penales y plazos imposibles
El comisario Brunner se pronunciaba en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. El eurodiputado denunciaba que el real decreto de regularización "prevé un mecanismo para evitar la entrega de antecedentes penales por delitos cometidos fuera de España". Según su argumento, con una simple declaración responsable, una persona en situación irregular podría regularizarse si su país de origen no entrega los antecedentes en menos de un mes, un escenario "muy probable en la mayoría de países de origen".
La preocupación expresada por Buxadé es clara: miles de personas con historial delictivo podrían acceder a la regularización, lo que afectaría a la seguridad de toda la Unión y a la integridad del espacio Schengen. Una hipótesis que, de confirmarse, tendría implicaciones que van más allá de las fronteras españolas.
La respuesta de Bruselas: herramientas disponibles, responsabilidad nacional
En su contestación escrita, Brunner subraya que "como parte del proceso de expedición de un permiso de residencia, es responsabilidad de las autoridades nacionales evaluar individualmente si los nacionales de terceros países en cuestión plantean un riesgo para la seguridad y adoptar las medidas necesarias".
El comisario enumera los instrumentos a disposición de España: el Sistema de Información de Schengen, que permite consultar alertas sobre personas buscadas o no deseadas; el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países, que facilita el intercambio de historiales judiciales; y el apoyo operativo de Europol para identificar posibles amenazas transnacionales.
Además, Brunner recuerda que el nuevo reglamento europeo sobre retorno incorpora normas específicas destinadas a agilizar la expulsión de personas que supongan una amenaza para la seguridad. Una herramienta que, en teoría, debería actuar como red de seguridad ante posibles errores en la fase de concesión de permisos. Herramienta que vemos que no se utiliza como debiera, sino la gran mayoría de problemas en nuestra sociedad, robos, okupación, agresiones sexuales, asesinatos y tantos otros, no estarían a pie de calle, viendo los ciudadanos como el sistema falla y encima hace recaer la culpa sobre nosotros. Está claro que algo no va bien.
Un permiso nacional no es un pasaporte europeo
Uno de los puntos más relevantes de la respuesta de la Comisión es la aclaración sobre el alcance de los permisos de residencia nacionales. Brunner insiste: un permiso expedido por España solo autoriza a vivir y trabajar en territorio español. No concede derecho a desplazarse libremente por la Unión Europea.
"Si una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia", explica el comisario. Una precisión técnica que, en la práctica, traslada a España la responsabilidad de gestionar las posibles derivas de la regularización: si un beneficiario del procedimiento se desplaza a otro país Schengen sin autorización, corresponderá a las autoridades españolas asumir su retorno.
Esta cláusula no es menor. En un contexto de creciente tensión entre Estados miembros por la gestión migratoria, Bruselas deja claro que la solidaridad europea tiene límites: cada país responde de sus decisiones.
El contexto: Schengen bajo presión y la sombra de las fronteras internas
No es la primera vez que Brunner lanza una advertencia de este tipo. Durante su intervención en el simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, organizado por EL ESPAÑOL, ya alertó de que una gestión ineficaz de la inmigración irregular puede acabar poniendo en riesgo el espacio Schengen y la libre circulación dentro de la Unión.
"Lo que ocurre en una capital, en un puerto o en un puesto fronterizo, en España por ejemplo, acaba repercutiendo en todo el espacio Schengen. Sin una gestión eficaz de las llegadas irregulares, la confianza se erosiona, las fronteras internas corren el riesgo de restablecerse y todo el sistema Schengen se pone en peligro", afirmó entonces.
Esta declaración refleja una preocupación compartida por varios gobiernos europeos: que una medida unilateral de regularización masiva en un país miembro pueda generar efectos secundarios en el resto del espacio común. La libre circulación es uno de los pilares del proyecto europeo; cualquier percepción de que se debilita el control en una frontera externa alimenta el debate sobre la reintroducción de controles internos.
La tensión no resuelta: seguridad versus derechos
Más allá de las declaraciones institucionales, el caso plantea una cuestión estructural: ¿cómo se equilibra la obligación de proteger la seguridad colectiva con el compromiso de garantizar derechos fundamentales a personas en situación de vulnerabilidad?
La respuesta de Bruselas apuesta por la evaluación individualizada como punto de equilibrio. Pero la implementación práctica de este principio no está exenta de desafíos. Verificar antecedentes penales en países con sistemas judiciales frágiles, con registros incompletos o con tiempos de respuesta lentos puede convertir el procedimiento en una carrera contra el reloj. Y cuando los plazos se agotan, la decisión de conceder o denegar un permiso puede depender más de la capacidad administrativa que de la valoración sustantiva del riesgo.
Además, existe el riesgo de que la exigencia de controles exhaustivos se utilice como excusa para ralentizar o limitar el acceso a la regularización, vaciando de contenido la medida. La experiencia en otros países sugiere que, cuando se combinan presión política, recursos limitados y criterios ambiguos, la balanza tiende a inclinarse hacia la restricción.
Lo que está en juego: confianza europea y coherencia normativa
La advertencia de la Comisión Europea no es solo una recordatorio técnico. Es una señal política. En un momento en que el debate migratorio divide a los Estados miembros, Bruselas busca reafirmar un principio: las decisiones nacionales tienen consecuencias europeas.
Si España regulariza a medio millón de personas sin garantizar controles adecuados, y algunos de esos beneficiarios acaban generando problemas de seguridad en otros países Schengen, la confianza entre socios se resentirá. Y cuando la confianza se erosiona, las respuestas tienden a ser más restrictivas, más nacionalistas, menos solidarias.
Por eso, la responsabilidad que Brunner atribuye a España no es solo jurídica. Es también política. No se trata solo de cumplir con un procedimiento. Se trata de demostrar que es posible gestionar la migración con rigor sin renunciar a los valores humanitarios.
El debate que queda abierto
La regularización masiva es, por definición, una medida excepcional. Se justifica por la necesidad de sacar de la irregularidad a personas que ya viven y trabajan en el país, contribuyendo a la economía y a la sociedad. Pero toda excepción genera tensión con la norma. Y toda tensión exige justificación.
Bruselas ha puesto sobre la mesa una condición: seguridad individualizada. España debe ahora demostrar que puede cumplirla sin desvirtuar el espíritu de la medida. No será fácil. Pero es el precio de la coherencia en un espacio común que se sostiene, precisamente, en la confianza mutua.
Al final, la pregunta no es si hay que regularizar. Es cómo hacerlo sin poner en riesgo lo que, paradójicamente, también protege a quienes se regularizan: un sistema basado en reglas compartidas, controles proporcionados y responsabilidad compartida. La pregunta es porqué invertir tanto en regularizar y facilitar mejores condiciones y ayudas para los que recién llegan a España y por otro lado, dar la espalda a la población que mantiene todo este tipo de locuras políticas, creadas para empobrecer nuestra sociedad y beneficiarse de los votos de esas barrigas agradecidas.
Fuentes: El Español, Parlamento Europeo, declaraciones del comisario Magnus Brunner, respuesta escrita a la pregunta de Jorge Buxadé, normativa europea sobre retorno y sistemas de información Schengen
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