La Unión Europea ha lanzado una convocatoria pública para impulsar la construcción de siete gigafábricas de inteligencia artificial, con una movilización prevista de 30.000 millones de euros. De esa cifra, 10.000 millones procederán de contribuciones europeas y nacionales, mientras que se espera que la industria aporte los 20.000 millones restantes. El objetivo declarado es claro: reforzar la soberanía industrial europea frente al dominio de los gigantes tecnológicos estadounidenses y evitar nuevas dependencias estratégicas.
La Comisión Europea presentó este jueves la licitación, que permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre. Los proyectos seleccionados se resolverán a principios de 2027, con la expectativa de que las instalaciones comiencen a construirse en el arranque de ese año y estén operativas en un plazo de 18 meses. Una carrera contra el reloj en un sector donde cada mes de retraso puede significar una brecha competitiva difícil de recuperar.
El diseño de la convocatoria: consorcios, Estados y capacidad computacional
Cada gigafábrica de inteligencia artificial se establecerá en un único Estado miembro, aunque podrá integrar diferentes centros dispersos por su territorio. La convocatoria se dirige a consorcios que aglutinen intereses empresariales, entidades públicas e inversores privados. Un modelo de colaboración público-privada que busca replicar el éxito de otras iniciativas industriales europeas, pero adaptado a las particularidades de un sector en evolución acelerada.
Las instalaciones contarán con procesadores de IA avanzados, software especializado, tecnología en la nube, conectividad de alta velocidad y centros de datos de alta eficiencia energética. No se trata solo de construir infraestructura física: el objetivo es desarrollar capacidad computacional comunitaria que permita a startups, pymes, autoridades públicas y centros académicos acceder a modelos de entrenamiento de inteligencia artificial sin depender de proveedores externos.
Dos fases, siete proyectos y un criterio de escala progresiva
La financiación pública se articula en dos fases diferenciadas. En la primera, se apoyarán cuatro proyectos con 100 millones de euros en la fase inicial y 400 millones adicionales en la segunda. Estos centros deberán desarrollar una capacidad de procesamiento equivalente a la de la fábrica de IA más potente actualmente instalada en Europa.
En la segunda fase, tres proyectos recibirán hasta 200 millones de euros en financiación inicial, con 800 millones adicionales previstos. El requisito de escala es más exigente: deberán contar con el doble de procesadores de IA que los instalados en la instalación europea de referencia. Un criterio que busca garantizar que la inversión pública genere un salto cualitativo real, no una mera replicación de capacidades existentes.
España se posiciona: energía, 5G y conexión estratégica
El Ejecutivo español ha comenzado a movilizar argumentos para acoger una de estas gigafábricas. Entre los factores destacados figuran el menor coste de la energía en España según datos de Eurostat, el despliegue avanzado de la red 5G y el posicionamiento geopolítico del país, con interconexiones por cables submarinos hacia África y el continente americano.
Además, el Gobierno resalta el talento especializado en inteligencia artificial, la infraestructura pública de supercomputación ya existente, el marco regulatorio vinculado a esta tecnología y la creación de una agencia de supervisión de IA. Elementos que, en teoría, podrían hacer de España un hub competitivo dentro de la estrategia europea.
Pero la pregunta que trasciende la candidatura es otra: ¿garantizará este modelo que la inteligencia artificial desarrollada en Europa sirva prioritariamente a los intereses de la ciudadanía europea, o reproducirá dinámicas de concentración de poder tecnológico similares a las que se pretenden evitar?
Soberanía tecnológica: entre la autonomía estratégica y la nueva dependencia
La Comisión Europea presenta esta iniciativa como un paso hacia la autonomía estratégica. Pero la soberanía tecnológica no se construye solo con inversión en infraestructura. Requiere también capacidades de investigación propias, formación de talento, marcos éticos vinculantes y mecanismos de gobernanza que eviten que el control efectivo de estas gigafábricas recaiga en manos de actores privados con intereses transnacionales.
Cuando una startup española necesita acceder a un modelo de IA entrenado en una gigafábrica europea, ¿bajo qué condiciones lo hará? ¿Quién definirá los criterios de acceso, los precios, los límites de uso? ¿Cómo se garantizará que los datos sensibles de administraciones públicas o empresas estratégicas no queden expuestos a riesgos de ciberseguridad o apropiación indirecta?
Estas preguntas no tienen respuesta en la convocatoria. Y su ausencia no es neutral: en tecnología, lo que no se regula explícitamente tiende a ser definido por quien tiene mayor capacidad de ejecución.
El calendario apremia: 18 meses para estar operativo
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es el plazo de ejecución: las gigafábricas seleccionadas deberán estar operativas en 18 meses desde el inicio de las obras. Un ritmo acelerado que responde a la urgencia de no quedarse atrás en una carrera global donde Estados Unidos y China llevan años de ventaja en inversión y despliegue.
Pero la velocidad tiene riesgos. Construir infraestructura crítica de IA en plazos tan ajustados puede priorizar la ejecución rápida sobre la evaluación rigurosa de impactos sociales, laborales o medioambientales. Y cuando se trata de tecnologías con capacidad de transformar mercados de trabajo, sistemas de toma de decisiones y estructuras de poder, la prisa no debería ser el principal criterio.
La pregunta que define el debate: ¿para quién se construye la IA europea?
Más allá de las cifras y los plazos, hay una cuestión de fondo que merece ser formulada: ¿qué tipo de inteligencia artificial queremos que se desarrolle en Europa?
¿Una orientada a optimizar beneficios corporativos y eficiencia productiva? ¿O una diseñada para fortalecer servicios públicos, proteger derechos fundamentales y reducir desigualdades?
La respuesta no está en la convocatoria. Está en la capacidad de la ciudadanía, las organizaciones sociales y los actores públicos para intervenir en el diseño de los criterios que regirán el uso de estas gigafábricas. Porque la tecnología no es neutra: refleja los valores de quienes la gobiernan.
Lo que viene: licitación, selección y construcción
La licitación pública permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre. Los consorcios interesados deberán presentar propuestas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y de gobernanza establecidos por la Comisión Europea. La resolución se espera a principios de 2027.
Mientras, los Estados miembros competirán por atraer una de las siete gigafábricas. España ha comenzado a mover ficha. Pero la verdadera batalla no será por quién alberga la infraestructura. Será por quién define las reglas de uso, acceso y control de la inteligencia artificial que se genere en ella.
Porque al final, la soberanía tecnológica no se mide por el número de procesadores instalados. Se mide por la capacidad de una sociedad para decidir cómo se usa la tecnología que construye.
Fuentes: Comisión Europea, datos de Eurostat, documentación de la convocatoria pública de gigafábricas de IA, declaraciones del Ejecutivo español
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