El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 4.550 millones de euros a ayuda oficial al desarrollo en 2025, un 13% más que el año anterior y la cifra más alta de los últimos quince años. La noticia, celebrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores como un gesto de liderazgo internacional, choca frontalmente con una realidad doméstica que no da tregua: carreteras con baches, trenes que descarrilan, listas de espera que se eternizan y personas que mueren esperando una ayuda de dependencia.
La pregunta no es retórica: ¿puede permitirse España ser tan generosa fuera cuando dentro los servicios públicos se deterioran a pasos agigantados?
La cifra récord y su contexto incómodo
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, España se sitúa por encima de la media del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y ocupa el undécimo puesto entre los 32 países miembros. El ministro José Manuel Albares ha destacado que, "frente a una tendencia preocupante a nivel global, España lidera el crecimiento de la ayuda oficial al desarrollo".
El 90% de esta ayuda la gestiona la Administración General del Estado. El resto se reparte entre comunidades autónomas —con Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco a la cabeza— y gobiernos locales. Canarias y Galicia son las regiones que más han incrementado su aportación.
Solidaridad feminista y prioridades en disputa
La Cooperación Española, ahora denominada Cooperación Feminista, destina parte de estos fondos a políticas de género, además de a crisis humanitarias y lucha contra el hambre. Una orientación ideológica que, aunque legítima, no resuelve la tensión de fondo: ¿debe un país priorizar la proyección exterior cuando sus ciudadanos más vulnerables quedan desatendidos?
El caso de los enfermos de ELA ilustra esta contradicción. Pacientes en situación de extrema dependencia, sin ayudas suficientes del Estado, se ven abocados a considerar la eutanasia no por deseo de morir, sino por no ser una carga para sus familias. Mientras, miles de millones cruzan fronteras en nombre de la solidaridad.
Hechos objetivos, no opiniones
Los ministros de Sánchez niegan el deterioro de los servicios públicos. Pero los hechos hablan por sí solos:
- Ferrocarril: averías frecuentes, retrasos crónicos y descarrilamientos como el de Adamuz, donde murieron 48 personas y donde la falta de mantenimiento de las vías podría ser un factor determinante.
- Sanidad: listas de espera que superan los plazos legales, urgencias colapsadas y profesionales exhaustos.
- Carreteras: baches, señalización deficiente y tramos sin revisar durante años.
- Dependencia: personas que fallecen esperando una resolución administrativa que nunca llega.
Estos no son casos aislados. Son síntomas de un sistema que prioriza la narrativa internacional sobre la gestión doméstica.
La gestión territorial: quién pone el dinero y quién lo decide
Aunque el Estado centraliza el 90% de la ayuda al desarrollo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos también aportan. Esto genera una pregunta adicional: ¿deberían las administraciones regionales destinar recursos limitados a proyectos en el exterior cuando sus competencias sanitarias, educativas o sociales están bajo presión?
Canarias y Galicia, por ejemplo, han aumentado significativamente su contribución. Pero ambas enfrentan desafíos estructurales propios: despoblación, envejecimiento, dependencia del turismo. La solidaridad no debería ser un juego de suma cero, pero cuando los recursos son escasos, cada euro destinado fuera es un euro que no se invierte dentro.
El fondo del asunto
La solidaridad internacional es un valor. Pero la solidaridad comienza por casa. No se trata de elegir entre ayudar a otros o atender a los propios. Se trata de hacerlo con equilibrio, con transparencia y con una jerarquía clara de prioridades.
Cuando un gobierno celebra récords de gasto exterior mientras sus ciudadanos ven cómo se desmoronan las infraestructuras que usan a diario, no está transmitiendo generosidad. Está transmitiendo desconexión.
Y la desconexión, en política, tiene un coste. No siempre se mide en votos.
A veces se mide en vidas.
Fuentes: El Debate, Ministerio de Asuntos Exteriores, Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, datos sobre listas de espera sanitarias, informes de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias y viarias
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