El Gobierno alega que no puede ofrecer datos sobre cuántas personas han solicitado la nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática, pese a que el plazo ordinario de tres años finalizó el pasado mes de octubre. En sus respuestas a cinco preguntas registradas por el PP, el Ejecutivo admite que no puede saberlo porque la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil hace que no estén digitalizadas todas las concesiones desde julio de 2024 hasta junio de 2025. Es decir, casi un año de apagón estadístico.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha denunciado la opacidad del proceso y ha registrado una solicitud de amparo dirigida a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que el Gobierno entregue a la Cámara los datos que estamos pidiendo los diputados. No sé qué es peor, si que tengan descontrol o que nos estén tomando el pelo. ¿Cómo es posible que se hayan producido nacionalizaciones y no sepa el Gobierno cuántos?
Una ley con márgenes amplios
La norma permite a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio, así como a descendientes de brigadistas internacionales, acceder a la nacionalidad como españoles de origen. En la práctica, el diseño de los requisitos y la interpretación de los consulados han hecho más laxo el concepto de exilio, al no exigirse de forma sistemática una prueba de persecución política.
Ese margen ha permitido que se hayan acogido también descendientes de emigrantes económicos tradicionales, especialmente en América Latina. Lo que nació como una reparación histórica para víctimas del franquismo se ha convertido en una vía masiva de acceso a la nacionalidad para millones de descendientes de españoles que emigraron por razones económicas.
Más de 2 millones de solicitudes
Las únicas cifras disponibles proceden del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que sitúa en unos 2,3 millones las personas que han pedido cita, de las cuales más de un millón tendría ya su solicitud en tramitación. Los procesos más activos se concentran en América Latina.
El Consulado de Buenos Aires acumula unas 645.000 solicitudes. Le siguen La Habana con 350.000, Ciudad de México con 165.000, la circunscripción de Córdoba en Argentina con unas 125.000, y el consulado de São Paulo con alrededor de 150.000. Cinco consulados. Más de 1,4 millones de solicitudes. Una marea burocrática que no para de crecer.
El atasco burocrático
El Ejecutivo tampoco precisa cuántas personas han obtenido ya la nacionalidad por esta vía ni en qué censo electoral del CERA están. Tampoco Exteriores ha querido detallar cuál es el plazo para resolver los expedientes no resueltos. El atasco burocrático llevó a que el plazo original de dos años, ampliable a tres mediante la disposición adicional octava de la ley, se agotara hasta el límite máximo previsto.
El PP sospecha que este apagón estadístico encubre una nacionalización masiva cuyos efectos el Gobierno no quiere cuantificar ni explicar, pese a que afecta al censo electoral y a la política migratoria. Además, el Ejecutivo está impulsando una regularización de inmigrantes que podría ser de hasta medio millón de personas.
Los datos que el Gobierno no quiere dar
El impacto político de la Ley de Memoria
La Ley de Memoria Democrática nació con un propósito noble. Reparar a las víctimas del franquismo. Reconocer a quienes sufrieron exilio. Honrar a los brigadistas internacionales que vinieron a defender la República. Pero en su aplicación práctica, se ha convertido en algo más grande. Más complejo. Más controvertido.
Los consulados españoles en América Latina se han convertido en oficinas de concesión de nacionalidades a ritmo industrial. Las colas son interminables. Los plazos se alargan. Las resoluciones se retrasan. Y el Gobierno, cuando se le piden cuentas, alega problemas técnicos. La digitalización del Registro Civil es necesaria. Nadie lo discute. Pero no puede ser una cortina de humo para evitar la transparencia. Cuando un gobierno no sabe cuántas nacionalidades ha concedido, algo no funciona. O no quiere que funcione.
La transparencia que se pierde
En un Estado de Derecho, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestionan los asuntos públicos. Cuántas nacionalidades se conceden. Quién las recibe. Qué efectos tienen en el censo electoral. Qué coste tienen para las arcas públicas. Cuando esa información no está disponible, la confianza se resquebraja. Los ciudadanos sospechan. Los partidos se acusan. Y la democracia se debilita.
Fuentes: El Español, Ministerio de Justicia, Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Congreso de los Diputados, Partido Popular
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