La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores contra Iberdrola, Endesa, la asociación nuclear Ascó-Vandellós, la central de Almaraz y otras tres compañías —Contour, Engie Cartagena y Totalenergies— por su posible responsabilidad en el apagón del 28 de abril de 2025 que dejó sin suministro a toda la Península Ibérica y parte del País Vasco francés. La investigación, que se prolongará entre nueve y 18 meses, se basa en la vulneración del artículo 64.15 de la Ley del Sector Eléctrico, que tipifica como infracción grave "la realización de actividades cuando se ponga en riesgo la garantía de suministro o se genere un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente".
En el caso de las centrales nucleares, la investigación se centra en la posible "reducción de la producción o suministro sin autorización", contemplada en el artículo 64.37 de la misma norma. Para Almaraz, la CNMC ha elevado la calificación de la incidencia a "muy grave", lo que podría traducirse en sanciones económicas de mayor cuantía si se confirman las responsabilidades.
El alcance de la investigación: más allá del 28A
La CNMC ha precisado que los expedientes no se limitan a analizar lo ocurrido el día del apagón. También se investigan prácticas en periodos anteriores que podrían constituir "indicios de posibles infracciones sectoriales detectadas en el marco de la investigación del incidente". Una ampliación del foco que refleja la complejidad técnica y jurídica del caso.
Esta nueva remesa de sanciones se suma a la veintena de expedientes abiertos una semana antes por el mismo regulador, entre los que figura uno clasificado como "muy grave" contra Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico gestionado por la exministra socialista Beatriz Corredor. En aquella primera tanda también aparecían Naturgy y Repsol.
La ley como vara de medir: infracciones graves y muy graves
El artículo 64 de la Ley del Sector Eléctrico establece un catálogo de infracciones que van desde leves hasta muy graves, con sanciones que pueden alcanzar millones de euros. Para las empresas investigadas, la clave estará en demostrar que actuaron conforme a los protocolos de mantenimiento, control y respuesta ante incidencias.
La CNMC, presidida por Cani Fernández desde 2020, ha destacado que su labor es "garantizar el correcto funcionamiento de los mercados energéticos y proteger los intereses de los consumidores". Pero la pregunta que flota en el ambiente es otra: ¿quién pagará finalmente el coste de estas sanciones y, más importante aún, el coste del apagón?
La factura invisible: cuando las multas las pagamos todos
Las sanciones a las eléctricas, si se confirman, ingresarán en las arcas públicas. Pero el impacto económico del apagón —paradas productivas, daños a equipos, pérdidas comerciales— ya ha sido asumido por empresas y hogares. Y cuando las compañías energéticas enfrentan costes extraordinarios, tienden a repercutirlos en las tarifas reguladas o en los precios de mercado.
No es una teoría: es un patrón histórico. Cada crisis del sistema eléctrico —ya sea por fallos técnicos, por sequía o por conflictos geopolíticos— termina traducida en euros adicionales en la factura de la luz. El mecanismo es sencillo: los costes se socializan, los beneficios se privatizan.
El contexto que explica la presión regulatoria
La investigación de la CNMC se produce en un momento de alta sensibilidad política y social hacia el sector energético. Los precios de la electricidad siguen siendo elevados tras la crisis de Oriente Próximo, y la dependencia de fuentes externas mantiene la tensión sobre el suministro.
Además, el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España —con Almaraz ante su última recarga y un calendario de cierre progresivo— añade capas de complejidad a cualquier decisión regulatoria que afecte a este tipo de instalaciones.
La cuenta pendiente del sistema eléctrico
La CNMC dispone de entre nueve y 18 meses para determinar responsabilidades técnicas y jurídicas. Su dictamen será clave no solo para sancionar, sino para establecer precedentes que condicionen la operación futura del sistema.
Pero más allá del expediente, persiste una cuestión estructural: el diseño del mercado eléctrico español prioriza la competencia y la rentabilidad, pero la seguridad del suministro requiere coordinación, inversión preventiva y mecanismos de control que no siempre encajan con la lógica mercantil.
Las sanciones tienen una función disuasoria legítima. Sin embargo, la prevención real exige revisar los incentivos del sistema, reforzar los protocolos de mantenimiento y garantizar que las decisiones operativas no subordinen la estabilidad de la red a criterios de corto plazo.
Mientras ese debate de fondo no se aborde con rigor, los apagones seguirán siendo inevitables. Y su coste, como siempre, terminará repartiéndose entre quienes menos pueden decidir: los consumidores.
Fuentes: Euronews, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ley del Sector Eléctrico (artículo 64), Red Eléctrica de España, declaraciones de Cani Fernández, agencia EFE
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