El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a la primera huelga educativa de ámbito estatal desde su llegada a la Moncloa. La protesta, convocada por CGT y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles —con la adhesión reciente de CCOO—, está prevista para el próximo 7 de mayo en todo el territorio nacional y culminará con una gran movilización el día 23 en Madrid. Unas 60.000 trabajadoras de cerca de 11.000 centros de educación infantil (0-3 años) están llamadas a secundar el paro.
La movilización tiene su origen en una huelga indefinida iniciada hace semanas en la Comunidad de Madrid, que ha terminado extendiéndose al resto de España. El conflicto ha prendido en uno de los sectores más feminizados y precarizados del sistema educativo: el primer ciclo de Infantil, donde hasta el 97% del personal son mujeres.
La paradoja de la inversión: más plazas, mismas condiciones
En los últimos años, el Ejecutivo ha impulsado la creación de más de 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años gracias a los fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación. En total, el programa ha movilizado unos 670 millones de euros con el objetivo de ampliar la escolarización temprana y facilitar la conciliación familiar.
Sin embargo, esa expansión no ha venido acompañada, según denuncian sindicatos y trabajadoras, de una mejora equivalente en las condiciones laborales ni en el modelo educativo. "El sistema crece, pero sobre una base precaria", resumen fuentes del sector. Muchas educadoras cobran salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional, con jornadas de hasta 40 horas lectivas sin tiempo reconocido para preparación de materiales o coordinación pedagógica. "Son trabajadoras pobres", denuncian fuentes de CCOO, que aseguran que algunas empleadas se ven obligadas a compatibilizar su puesto con un segundo empleo para llegar a fin de mes.
Ratios elevadas: la brecha entre la norma y la recomendación
Otro de los puntos neurálgicos del conflicto son las ratios alumno-profesor. Actualmente, lo habitual en los centros españoles es que haya ocho bebés por aula en el tramo de 0 a 1 año, más de una docena entre 1 y 2 años y hasta 20 entre 2 y 3. Cifras que, según las trabajadoras, están muy por encima de las recomendaciones europeas, que sitúan esos límites en cuatro, seis y ocho niños por educador, respectivamente.
A esta situación se suma la ausencia generalizada de la llamada "pareja educativa" —dos profesionales por aula— y la falta de personal de apoyo para atender a alumnado con necesidades educativas especiales. El resultado, según denuncian los sindicatos, es un modelo tensionado que compromete tanto la calidad pedagógica como la salud laboral de las educadoras.
Un sector fragmentado: desigualdad estructural
El primer ciclo de Educación Infantil presenta, además, una estructura especialmente compleja: conviven centros públicos de gestión directa, otros externalizados a empresas privadas, redes autonómicas y municipales, cada uno con convenios colectivos y condiciones laborales distintas.
Esa heterogeneidad ha derivado, según los sindicatos, en una "desigualdad estructural", con trabajadoras que realizan funciones equivalentes pero bajo marcos jurídicos muy dispares. Por ello, reclaman una normativa estatal básica que unifique criterios, establezca condiciones salariales dignas y reconozca esta etapa como plenamente educativa, y no meramente asistencial.
El bloqueo competencial: quién regula las ratios
La discusión sobre las ratios no es solo técnica, sino también jurídica. Con la aprobación de la Lomloe en 2020, el Gobierno central se reservó expresamente la regulación del primer ciclo de Educación Infantil. El artículo 14.7 de la ley atribuye al Ejecutivo, en colaboración con las comunidades autónomas, la fijación de los requisitos mínimos de estos centros, incluida la relación numérica alumno-profesor.
Sin embargo, seis años después, esa normativa estatal sigue sin desarrollarse. Este vacío ha abierto un choque entre Administraciones en plena crisis del sector. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha reclamado al Ministerio que asuma esas competencias y regule la rebaja de ratios, al considerar que las autonomías no pueden modificar unilateralmente este marco sin invadir atribuciones estatales.
Frente a ello, el Ministerio de Educación sostiene que, mientras no se apruebe esa nueva regulación, las comunidades autónomas mantienen capacidad para actuar y modificar las ratios en sus territorios. Un argumento que traslada la presión a los gobiernos regionales y que ha sido interpretado por algunas autonomías como un intento de eludir responsabilidades.
Compromisos insuficientes para los sindicatos
Tras el anuncio de la convocatoria de huelga, el Ministerio de Educación ha asegurado que antes del verano iniciará la revisión del decreto que regula las ratios en esta etapa. Pese a ello, los sindicatos mantienen la movilización. Consideran que los compromisos son aún insuficientes y que muchas de sus reivindicaciones —como la equiparación salarial con otros cuerpos docentes, la implantación generalizada de la pareja educativa o el reconocimiento del tiempo no lectivo para preparación— siguen lejos de materializarse.
Conclusión técnica y operativa
La primera huelga educativa estatal contra el Gobierno de Sánchez pone de manifiesto una tensión estructural en el sistema de protección a la primera infancia: la expansión cuantitativa de plazas no garantiza por sí sola la calidad del servicio ni la dignidad de quienes lo prestan. Los 670 millones de euros movilizados a través de fondos Next Generation han permitido crear 65.000 nuevas plazas públicas, un avance significativo en términos de acceso. Sin embargo, la precariedad laboral del sector —salarios próximos al SMI, ratios muy superiores a las recomendaciones europeas, ausencia de pareja educativa y falta de tiempo para preparación pedagógica— compromete la sostenibilidad del modelo a medio plazo. El vacío normativo derivado del incumplimiento del mandato de la Lomloe, que reservaba al Estado la regulación de requisitos mínimos para el primer ciclo de Infantil, ha generado un bloqueo competencial que traslada la responsabilidad entre Administraciones sin resolver el problema de fondo. Mientras el Ministerio promete revisar el decreto de ratios antes del verano, los sindicatos mantienen que sin una normativa estatal vinculante que unifique condiciones salariales, ratios y reconocimiento profesional, las mejoras seguirán siendo desiguales y fragmentadas. La huelga del 7 de mayo y la movilización del 23 en Madrid funcionan como un termómetro del malestar en un sector clave para la conciliación, la igualdad de género y el desarrollo infantil temprano. Ignorar estas demandas no solo afecta a las trabajadoras: repercute en la calidad educativa que reciben los niños y niñas de 0 a 3 años, una etapa determinante para su desarrollo cognitivo y emocional.
Fuentes: El Español, Europa Press, Ministerio de Educación, CGT, CCOO, Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe, 2020), recomendaciones europeas sobre ratios en educación infantil, datos de fondos Next Generation
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