El Ministerio del Interior transfirió dos subvenciones directas de 30 millones al reino alauí en plena crisis por Pegasus y justo antes del giro histórico sobre el Sáhara. La pregunta no es si la cooperación es necesaria, sino si la opacidad en su ejecución debilita la democracia que dice proteger.
La cronología que incomoda
Entre 2021 y 2022, mientras el software Pegasus infectaba los móviles del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el titular de Interior, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska transfirió 60 millones de euros al Ministerio del Interior marroquí. Dos subvenciones directas de 30 millones cada una, sin concurrencia competitiva, para gastos de seguridad y control de fronteras.
Marruecos se convirtió así en el principal beneficiario extranjero de ayudas públicas españolas en esos años. Ninguna otra entidad estatal extranjera recibió una subvención directa de ese volumen. Y la coincidencia temporal con el espionaje y el posterior giro sobre el Sáhara Occidental convierte la cifra en algo más que un dato presupuestario.
¿Es la cooperación internacional compatible con la discreción absoluta?
El mecanismo: subvención directa, sin concurso
La legislación española permite conceder ayudas directas a administraciones extranjeras cuando concurren razones de interés público o estratégico. Requiere autorización del Consejo de Ministros y se ejecuta por el ministerio competente. En este caso, Interior asumió toda la tramitación.
La primera transferencia se aprobó en torno al verano de 2021. La segunda, el 10 de noviembre de 2022. Ambas identifican expresamente al Ministerio del Interior del Reino de Marruecos como destinatario final, sin intermediarios. El objetivo declarado: reforzar la capacidad operativa en el control de fronteras, dada la posición clave de Marruecos como país de tránsito hacia España.
La lógica de seguridad es comprensible. La pregunta es si el formato elegido —subvención directa, sin publicidad competitiva— es el más adecuado para manejar fondos públicos de esta magnitud.
El contexto: Pegasus, Sáhara y realpolitik
La cronología oficial sitúa la infección del móvil de Pedro Sánchez en mayo de 2021; el de Margarita Robles, en junio; el de Marlaska, en esas mismas fechas. Las intrusiones afectaron a terminales oficiales para comunicaciones institucionales y fueron detectadas posteriormente por los servicios de seguridad del Estado.
Meses después, el 18 de marzo de 2022, llegó el giro histórico: Sánchez comunicó al rey Mohamed VI que España consideraba el plan de autonomía marroquí como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Una ruptura con la posición mantenida durante décadas.
La segunda subvención de 30 millones se aprobó ocho meses después de ese anuncio. Y aunque la cooperación con Marruecos en materia migratoria y de seguridad es estratégica, la suma de espionaje, giro diplomático y transferencia económica genera una narrativa difícil de ignorar.
¿Puede la política exterior española separar la necesidad estratégica de la transparencia democrática?
Lo que dicen los números (y lo que callan)
En 2018, 2020, 2023 y 2024 no se entregaron ayudas a Rabat. En 2019 hubo una cantidad similar, pero Marruecos no fue el principal beneficiario. Es decir: el pico de 60 millones en dos años consecutivos no responde a una línea estructural, sino a una decisión puntual en un contexto muy concreto.
Además, en 2022, esta subvención superó ampliamente las cantidades asignadas a organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Programa Mundial de Alimentos. Priorizar a un Estado extranjero sobre entidades humanitarias es una opción política legítima. Pero requiere explicación pública, no solo justificación administrativa.
La cooperación necesaria, la transparencia exigible
Nadie discute que Marruecos es un socio clave para España en la gestión migratoria y la lucha contra el terrorismo. Tampoco que la estabilidad en el Magreb repercute directamente en la seguridad europea. La cooperación en materia de fronteras no es opcional: es una necesidad.
Pero la necesidad no exime de rendir cuentas. Cuando se manejan fondos públicos, especialmente en contextos sensibles como espionaje a instituciones democráticas o cambios de postura en conflictos internacionales, la opacidad alimenta la desconfianza. Y la desconfianza, en democracia, es un lujo que no podemos permitirnos.
La pregunta no es si hay que cooperar con Marruecos. La pregunta es cómo hacerlo sin que parezca que cada euro tiene un precio político no declarado.
El equilibrio entre interés nacional y control democrático
España acogerá en marzo contactos internacionales sobre el Sáhara impulsados por Naciones Unidas y Estados Unidos, con participación de Marruecos, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario. Madrid será anfitrión, pero no formará parte directa de la mesa de negociación. Un reflejo del nuevo marco de relaciones tras el respaldo al plan marroquí.
En este escenario, los 60 millones transferidos a Interior marroquí pueden leerse como una inversión en estabilidad… o como un gesto de compensación. Ambas lecturas son posibles. Pero solo una de ellas se sustenta en la transparencia.
La política exterior requiere discreción, sí. Pero la democracia exige que, al final, la ciudadanía pueda entender por qué se gasta lo que se gasta, con quién y bajo qué criterios. Sin esa posibilidad, la cooperación se convierte en caja negra. Y las cajas negras, en política, siempre generan sombras.
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