El 1 de abril arranca el reloj. Y en los despachos de la Administración Pública, el tiempo se agota.
Los funcionarios reciben instrucciones claras: horas extra. Turnos de tarde. Oficinas abiertas más allá del horario habitual. Porque el Gobierno necesita procesar entre 500.000 y 1.000.000 de solicitudes de regularización en tres meses.
UGT ha comunicado internamente un «plan de choque». El ministerio apremia. Las direcciones departamentales solicitan refuerzos. Y los trabajadores públicos denuncian lo que viene: «Vamos con la lengua fuera».
Cuando la política marca plazos que la burocracia no puede cumplir, alguien tiene que pagar el precio.
Esta vez, son los funcionarios.
LA CIFRA QUE CAMBIA TODO
En un primer momento, el Gobierno habló de en torno a medio millón de regularizaciones.
Ahora, fuentes sindicales consultadas reconocen de forma interna que la cifra «pudiendo superarse según indican responsables del ministerio».
500.000 personas como mínimo. 1.000.000 como techo realista.
Cada solicitud requiere documentación. Verificación. Validación. Resolución.
Tres meses por expediente. Un millón de expedientes.
Las matemáticas no cuadran.
EL PLAN DE CHOQUE
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha activado un protocolo de emergencia.
Los funcionarios de la Seguridad Social reciben peticiones para reforzar el servicio en turno de tarde de 16 a 19 horas.
Algo muy poco habitual en la función pública.
Oficinas provinciales por toda España han sido destinadas a este propósito.
Pero las fuentes del funcionariado consultadas son claras: estas ampliaciones no son suficientes.
El Gobierno se ha visto obligado a establecer un plan que pasa por la contratación temporal de personal de la empresa pública Grupo Tragsa.
«Esto es un fracaso como servicio público», denuncian los trabajadores.
Consideran que la solución pasa por establecer refuerzos estructurales en lugar de externalizaciones.
LA PARADOJA DE LA CITA PREVIA
Aquí la burocracia se encuentra con un muro.
Muchas Administraciones públicas (SEPE, Seguridad Social, Extranjería, Hacienda) establecen cita previa para poder acceder a ellas.
Pero los inmigrantes irregulares no tienen acceso a los mecanismos necesarios.
No tienen DNI. No tienen certificado digital. No tienen medios para solicitar la cita.
El Gobierno ha autorizado a ONG, graduados sociales y organizaciones sindicales para que actúen de intermediarios autorizados.
Ellos —integrantes del llamado Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería— se encargan de presentar los trámites y expedientes en nombre de los inmigrantes.
Facilitan la regularización exprés.
Pero también generan un cuello de botella adicional.
LOS DEPARTAMENTOS AFECTADOS
No solo el Ministerio de Inclusión está bajo presión.
Las oficinas multidepartamentales se han habilitado antes incluso de dar a conocer el contenido exacto del Real Decreto con los requisitos.
Estas oficinas abarcan desde oficinas de Extranjería en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno hasta oficinas de Correos.
En las comisarías de Policía, el sindicato CSIF señala que la regularización está teniendo un impacto directo con la expedición de documentación.
«Vamos con la lengua fuera y cuando llegue abril las cargas laborales se van a hacer inasumibles».
Los departamentos dependientes de Interior o Política Territorial ya registran problemas.
LO QUE VIENE DESPUÉS
El proceso de regularización está previsto entre el 1 de abril y el 30 de junio.
El plazo para resolver cada petición será de tres meses a contar desde su admisión.
Pero los trabajadores de la Función Pública advierten: «No se trata de un aumento de la carga de trabajo durante tres meses».
«La situación se enquistará y dejará muy dañada la Administración».
Tras la regularización, habrá un millón de nuevos ciudadanos.
Para los que será necesario gestionar documentación, ayudas y trámites que engloban a varios departamentos.
Desde la expedición del DNI hasta los trámites de desempleo o las bajas laborales.
LA FALTA DE PRESUPUESTOS
Sindicatos como CSIF reclaman nuevas ofertas de empleo público que alivien esta situación vía refuerzo de personal.
Pero hay un obstáculo insalvable: el Gobierno no tiene Presupuestos aprobados.
Sin Presupuestos, no hay ofertas de empleo público.
Sin ofertas de empleo público, no hay refuerzos estructurales.
Sin refuerzos estructurales, la carga recae sobre los funcionarios actuales.
«Pinta mal la cosa», sentencian los trabajadores públicos.
LAS PREGUNTAS QUE QUEDAN ABIERTAS
¿Por qué el Gobierno aceleró los plazos sabiendo que la Administración no estaba preparada?
¿Es la externalización a Grupo Tragsa una solución temporal o un precedente para privatizar servicios públicos?
¿Qué pasará cuando los tres meses de plazo de resolución venzan y haya cientos de miles de expedientes pendientes?
¿Quién asume la responsabilidad cuando la Administración colapsa?
¿Y qué ocurre con los servicios que los funcionarios están dejando de atender por dedicar tiempo a la regularización?
EN PERSPECTIVA
El 1 de abril comienza el reloj. Y con él, una carrera contra el tiempo que nadie sabe si se podrá completar. Cuando la política impone plazos que la realidad no puede cumplir, la Administración se resquebraja. Y cuando la Administración se resquebraja, los servicios públicos se resienten. Todos. Los funcionarios lo saben. Los sindicatos lo denuncian. Pero el reloj no se detiene. Al final, esto no va de trámites. Va de personas. Y las personas no son expedientes. Tienen nombre. Tienen historia. Tienen esperanza. Y esa esperanza no puede quedarse atrapada en un cajón por falta de planificación. El tiempo dirá si esta regularización fue una oportunidad o fue un error. Pero lo que sí es seguro es que el precio lo están pagando quienes menos tienen.
Fuentes: The Objective, UGT, CSIF, Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, funcionarios de la Administración General del Estado
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